El gobernador, Omar Gutiérrez, decretó el estado de emergencia y desastre hídrico, climático y agropecuario en todo el territorio de la provincia por un período de 120 días. La medida, que fue publicada en el último Boletín Oficial, a raíz de los estragos que generó la lluvia y consecuente crecida de los ríos en el último tiempo. El sector agropecuario y las infraestructuras hídricas, y muchos vecinos de las zonas ribereñas todavía padecen las consecuencias.

El temporal se presenta como uno de los más graves en los últimos 30 años, y las zonas más afectadas son el centro y norte de la provincia, sin embargo en el alto valle y confluencia también se sienten, al día de hoy, los efectos de la lluvia. Ante la urgencia y mediante la declaración, se justifica la excepción a la regla del procedimiento licitatorio entre otras herramientas para agilizar los procesos burocráticos.

En este contexto, y a los efectos de la Ley 3117, el Ministerio de Producción e Industria crea el Sistema Provincial para la Prevención y Mitigación de Emergencias y/o Desastres para evaluar las necesidades de los afectados. Esta ley establece beneficios tributarios, crediticios, procesales y sociales para quienes se vean afectados por factores climáticos que afecten significativamente la producción o la capacidad productiva y dificulten la evolución de las actividades agrarias y el cumplimiento de las obligaciones crediticias y fiscales.

Además, se faculta al Ministerio de Energía y Recursos Naturales para avanzar en proyectos, programas y acciones relacionados con el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos de la Provincia. Por otra parte, se autoriza a ambos ministerios «a autorizar y aprobar, sin límite de monto y en el ámbito de su competencia, las contrataciones para la ejecución de las obras, así como también a adquirir los bienes y servicios necesarios en el marco de la emergencia declarada».