Los gobiernos de Alberto Fernández y de Gabriel Boric protagonizan un punto de tensión luego de que la Armada Chilena se adjudicara un espacio marítimo que le corresponde a la Argentina. A través de una nota formal, la Cancillería reclamó la corrección de la apropiación de aguas que figuran en el «Gráfico Ilustrativo de Jurisdicción Chilena» como propias.
El «Gráfico Ilustrativo de los Espacios Marítimos de Jurisdicción Chilena» fue publicado por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de Chile el 23 de agosto de 2023 e incluye la proyección de una pretendida plataforma continental chilena que se superpone con un sector de la plataforma continental argentina.
Veinticuatro horas más tarde, el subsecretario de Asuntos Latinoamericanos de la Cancillería, Gabriel Fuks, presentó una nota de protesta ante la embajadora chilena en Buenos Aires, Bárbara Figueroa, en repudio al nuevo mapa que marca como propios espacios correspondientes al sur de Tierra del Fuego.
La tensión por el espacio no es nueva, data de años y encuentra a ambos países en la puja por los accesos marítimos que dan control sobre el acceso a los océanos Pacífico y Atlántico.
En 2009, la Argentina presentó nuevos mapas ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC), donde se observa la demarcación del límite de la plataforma continental argentina, que guarda plena conformidad con las normas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el Tratado de Paz y Amistad de 1984.
Fuentes del Gobierno aseguran que dicho tratado «resolvió con carácter definitivo e inconmovible todas las controversias marítimas entre ambos Estados». «Por ende, la pretensión chilena contradice la letra y el espíritu de dicho Tratado», agregan ante la consulta de esta agencia.
Fue el ex presidente Sebastián Piñera, quien en agosto de 2021, publicó en el Boletín Oficial un decreto en el que fijó la plataforma chilena a partir de las 200 millas náuticas desde las islas Diego Ramírez, al sur del Cabo de Hornos.
La propuesta de la Argentina consistió en trazar una línea recta hacia el sur desde el canal de Beagle para tomar la concesión de las aguas del océano Atlántico, dejándole a los chilenos las del Pacífico como dicta el principio bioceánico de diferentes tratados internacionales.
Alegando que ese principio bioceánico no existe, desde Chile aseguraron que el límite continental que les corresponde se ubica 200 millas más hacia el este de lo planteado, por lo que Piñera lo anexó en la Carta Náutica del 2021.
Desde el inicio de la controversia, la pretensión chilena fue rechazada por el Gobierno de Alberto Fernández, tanto en el plano bilateral como el multilateral, mediante correspondencia diplomática dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas y al Secretario General de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos.
Aún no hay respuestas de la administración de Boric y se suma una nueva controversia por espacios limítrofes con Chile.
