«El Ministerio de Relaciones Exteriores (…) interpreta que este es un acto de carácter político del órgano legislativo del Perú, que no compromete al pueblo y, por lo tanto, no afecta la histórica relación con la hermana nación», expresó la Cancillería colombiana en un comunicado de prensa.

La moción del Congreso prohíbe el ingreso del mandatario colombiano a Perú y fue aprobaba por amplia mayoría la noche del viernes.

El pasado fin de semana Petro se refirió a la movilización y desfile de efectivos de la policía peruana en el centro de Lima mientras sindicatos y organizaciones sociales se concentraban a pocas cuadras de distancia, para protestar contra la presidenta Dina Boluarte.

«Marchan como nazis contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos», dijo el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia.

En respuesta, el parlamento peruano rechazó lo que considera «inaceptables declaraciones del señor Petro, que constituyen una ofensa a la Policía de Perú, a la República de Perú y, al banalizar el Holocausto, constituyen también una ofensa a todo el pueblo judío».

Petro, un exguerrillero, junto con los gobiernos también de izquierda de México, Bolivia y Argentina, ha expresado su apoyo al destituido expresidente peruano Pedro Castillo, quien está detenido en una cárcel en Lima desde el 7 de diciembre, acusado de rebelión luego de que intentara disolver el Congreso y gobernar por decreto.

La salida del poder de Castillo desató una ola de manifestaciones en Perú, en ocasiones violentas, que ha dejado al menos 48 civiles fallecidos en enfrentamientos durante las protestas. Las movilizaciones exigen la renuncia de Boluarte y elecciones generales.

«Colombia (…) aprovecha la ocasión para deplorar los recientes hechos de violencia ocurridos en el Perú, que han afectado la integridad de sus ciudadanos tanto civiles como integrantes de la fuerza pública», agregó la Cancillería en su mensaje.

Desde la llegada al poder de Boluarte la diplomacia peruana ha tenido varios roces con los gobiernos de Colombia, México, Argentina y Bolivia.