Este viernes, se cumplió un año de la explosión e incendio de la refinería de New American Oil, en Plaza Huincul, hecho en el que murieron tres operarios de la firma. El proceso judicial todavía está en etapa investigativa y se espera que el juicio se realice recién a mediados de 2024.

Hasta el 31 de marzo de 2024 continúa la etapa de investigación en que la fiscalía y la querella tendrán que procesar la prueba y lo recabado en los allanamientos. Según precisó la abogada querellante, Leila Salazar, en comunicación con Todo se Sabe, por Radio 7, pudieron un servidor con «muchísima información relevante respecto de las inspecciones que se tenían que hacer y que se habían hecho en la refinería», y aseguró que están «convencidos que se trabajaba en condiciones deplorables y había mucha negligencia.

«Recordemos que esto es una sociedad anónima, la empresa es una sociedad comercial y por ende la responsabilidad recae sobre el director de la sociedad, Rodrigo Arias, que es uno de los imputados», remarcó Salazar. Además de Arias, por la causa está imputado el jefe de Producción, Ángel Obreque. Ambos por el delito de estrago culposo agravado, en calidad de autores. Por otro parte, también fueron imputados meses atrás, el jefe de planta, Guido Torti; el jefe de mantenimiento, Silvio Saibene; las responsables de seguridad e higiene, Gimena Brillo y Natalia González; y el auditor externo de la empresa, Alfredo Novaro; todos como autores de estrago doloso agravado por muerte.

La abogada querellante recordó que previamente hubo un hecho similar en la empresa y afirmó que «los salvó» que el viento corría para el otro lado. En ese sentido, insistió: «estamos denunciando que la planta de refinería, es decir, los tanques de procesamiento del combustible estaba al lado de los hornos»; «era cuestión de tiempo para que explotara».

Sobre los plazos, detalló que prevén para que para mayo o junio del 2024 podrán llegar a juicio. «Nosotros como parte querellante -representando a las familias- vamos a sostener la acusación contra estos siete imputados e incluso existe la posibilidad de sumar alguno más», declaró Salazar y agregó que, en plena investigación, si encuentran alguna otra persona que tenga responsabilidad y haya pruebas suficientes para llevarla a juicio, lo harán.

La abogada también criticó duramente al Estado provincial y municipal y al sindicato: «Esto sucede porque las autoridades que tienen que hacer los controles no los realizan, tenemos una secretaría de Hidrocarburos que debería hacer las inspecciones y no las hace; tenemos el sindicato que debería hacer un control efectivo; y tenemos al intendente que salió a denunciar quiénes eran las personas fallecidas sin haberse comunicado con las familias, o sea, acá había una situación de desidia total».