Por solicitud de la fiscalía de Delitos Económicos, una jueza de garantías emitió medidas cautelares que afectan a personas imputadas en la causa de estafas con planes sociales. En total, se dictaron 30 inhibiciones generales de bienes y seis sobre propiedades inmuebles, incluyendo una chacra y cinco casas. Asimismo, se dispuso el embargo de 26 vehículos, 63 cuentas bancarias, 17 billeteras virtuales y una cuenta comitente, todas pertenecientes a los individuos implicados en la investigación.
La audiencia, liderada por los fiscales Juan Narváez y Pablo Vignaroli, confirmó la prórroga de la investigación por 8 meses y discutió la protección de bienes ante una eventual condena. La magistrada, tras la revisión de las medidas cautelares, permitió la excepción de 21 cuentas bancarias utilizadas para percibir haberes, excluyéndolas de los embargos.
El perjuicio a las cuentas públicas hasta el momento asciende a $153.377.900, y la fiscalía sostiene que la investigación deberá continuar por ocho meses más para analizar información y precisar el monto total.
La causa involucra a ex funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo, acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a estafas con planes sociales mediante el uso de cheques y tarjetas de débito.
Los fiscales señalan como jefes a Ricardo Soiza, Néstor Pablo Sanz y Marcos Ariel Osuna, y recientemente ampliaron la acusación a Abel Di Luca y Tomás Siengentharler. Además, hay otros 26 imputados con distintos niveles de participación en la presunta maniobra ilícita. Todos enfrentan cargos por asociación ilícita, fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjeta de débito.
