El Tribunal Oral Federal de General Roca declaró culpables a cinco agentes del grupo especial Albatros de Prefectura Nacional por el crimen del joven mapuche Rafael Nahuel, ocurrido en noviembre de 2017. Sergio Guillermo Cavia, considerado autor del «homicidio agravado» por exceso en la legítima defensa, fue condenado a cinco años de prisión.

Los colegas de Cavia, Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García, recibieron condenas de cuatro años y medio al ser considerados partícipes necesarios del delito.

Orlando Carriqueo, Huérquen del Parlamento Mapuche de Río Negro, expresó su descontento con el veredicto en una entrevista para Canal 7. Criticó la falta de conformidad con el desarrollo del juicio y la ausencia de los imputados en el banquillo de los acusados. Además, señaló las deficiencias en la teoría del enfrentamiento presentada por el fiscal, argumentando que la condena refleja un racismo estructural en la justicia argentina.

«Esta condena tiene que ver con un racismo estructural de la justicia y de las instituciones en Argentina que no tienen una perspectiva de los conflictos indígenas, ni tienen noción del derecho indígena», sostuvo Carriqueo. También hizo hincapié en la trama institucional, judicial y política para «ocultar la verdadera naturaleza del crimen».

Carriqueo subrayó que el caso es considerado un crimen de Estado, argumentando que cuando un Estado utiliza sus herramientas institucionales para avanzar sobre una comunidad indígena, se convierte en un crimen de la humanidad. A pesar de la falta de conformidad con la sentencia, Carriqueo expresó que la familia de Nahuel continuará luchando por justicia.