En una audiencia judicial convocada para este miércoles  por la Defensoría de Ejecución Penal en la provincia de Neuquén, se abordaron preocupaciones significativas sobre la superpoblación en las cárceles locales. Lamentablemente, los avances tras la resolución de la jueza Raquel Gass, quien ordenó el cierre de ingresos algunas instalaciones carcelarias, fueron mínimos.

La resolución de la jueza Gass, que implicó el cierre de ciertos centros penitenciarios, no fue por progresos sustanciales. Además, persisten condiciones precarias para los reclusos, exacerbadas por la sobrepoblación carcelaria. En la actualidad, hay 543 personas privadas de libertad en la provincia, superando la capacidad nominal de 493 plazas, evidenciando una clara situación de superpoblación.

La propuesta de construcción de nuevos pabellones surge como una solución a esta problemática, aunque se enfrenta a obstáculos logísticos tales como la falta de colchones e instalaciones eléctricas adecuadas. Estos desafíos se traducen en un panorama preocupante para el sistema penitenciario de la región.

Cabe destacar que desde noviembre de 2022 se implementó una medida excepcional: el cierre del ingreso de nuevos presos, con la posibilidad de traslado a localidades como Senillosa o San Luis. Sin embargo, esta decisión generó interrogantes sobre la capacidad de estas localidades para absorber la demanda, así como sobre la logística y la adecuación de las instalaciones para albergar a los reclusos de manera segura y respetando sus derechos.