El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció este martes el envío de un proyecto de ley a la Legislatura para la eliminación «inmediata» del impuesto a las tarjetas de crédito.

Es una medida a la que se había comprometido el jefe comunal en caso de que se le devolvieran fondos coparticipables a la Ciudad, tras el fallo de la Corte Suprema en ese sentido que aún genera diferencias.

«En diciembre la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo que obliga al Gobierno nacional a devolverles a los porteños la coparticipación que nos sacaron. Aclaro bien, esto es una discusión entre la Ciudad y el Gobierno nacional. Las provincias no tienen nada que ver, porque cuando nos sacaron los fondos a las provincias les dieron $0. Solo fueron para la provincia de Buenos Aires», Rodríguez Larreta.

Al respecto, el mandatario porteño señaló: «Ahora, el Gobierno decidió, porque se le ocurrió, ignorar el fallo. Primero, es ir contra el federalismo, porque este fallo garantiza que nunca más el Gobierno nacional le podría sacar el dinero a ninguna provincia. Además, va en contra de la autonomía de la Ciudad, que está en la última reforma de la Constitución. Esto viola todos los principios democráticos y republicanos de divisón de poderes».

Tras recordar su compromiso de eliminar el impuesto a las tarjetas de crédito, el jefe de Gobierno aclaró: «Dije el primer día que era un impuesto temporario y que lo íbamos a eliminar apenas la Corte fallara a favor de la autonomía de la Ciudad».

«Bueno, la Corte dictó el fallo a fin de diciembre. Tuvimos en enero la feria, esperamos un mes más. Pasaron dos meses no vemos ninguna perspectiva de que el Gobierno nacional cumpla», cuestionó Rodríguez Larreta.

Pago en bonos

El Ministerio de Economía de la Nación amplió la semana pasada una emisión de bonos por $98.500 millones para cumplir con la devolución de fondos por coparticipación que la Corte Suprema restituyó a la Ciudad de Buenos Aires.

De esa manera se instrumentará la transferencia de Bonos del Tesoro Nacional en Pesos ajustado por CER 2,50% Vencimiento 30/11/2031, denominados TX31, por el total de Valor Nominal Original (VNO) de $65.382.679.179 millones, equivalentes a los $98.500 millones.

Así el Gobierno nacional dio curso al fallo de la Corte que elevó del 1,4% al 2,95% la alícuota correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires en concepto de distribución de recursos del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

Economía justificó la ampliación del bono al señalar que «ni en el Presupuesto de 2022 ni en la ley 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para 2023 se previeron partidas presupuestarias para sufragar el gasto derivado de la medida cautelar» de la Corte, que se conoció tras la sanción del Presupuesto para este año.

Rechazo porteño

Los abogados de la Ciudad se presentaron nuevamente ante la Corte para rechazar el pago de los impuestos coparticipables con bonos, al señalar que la Constitución prescribe que esos fondos deben estar disponibles y líquidos al momento de ser recibidos por el distrito, características que a su criterio no cumple lo instrumentado por el Gobierno nacional.

«Cabe señalar que la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 2, expresamente establece que los regímenes de coparticipación deben garantizar la automaticidad en la remisión de los fondos, lo que implica disponibilidad y liquidez, dos características de las que carecen los bonos», argumentaron.

Pero si bien la discusión es técnica, también tienen un elemento político que involucra a la mayoría de los gobernadores provinciales que estiman que el aumento para la Ciudad es injusto y que impacta directamente en sus cuentas públicas.

Aunque cruza la historia del país, este capítulo por los impuesto se inició cuando Mauricio Macri, a poco de iniciar su gestión presidencial, subió la cuota porteña del 1,40 por ciento al 3,75, un incremento de más de dos puntos que Juntos por el Cambio justificó en el costo del traspaso de la Policía Federal al ámbito de la Ciudad.

En septiembre de 2020, la gestión del Frente de Todos (FdT), evaluó que ese incremento de más de dos puntos era injusto para el resto de los distritos y la bajó cerca de un punto para dejar la porción porteña en un 2,32 por ciento.

Contra esa decisión recurrió a la Corte Rodríguez Larreta, por ser el máximo tribunal el que interviene en los juicios entre la Nación y las provincias.

La Ciudad le reclamó a la Nación que le pagara los «fondos retenidos» desde septiembre de 2020, más intereses, y señaló que «además de un perjuicio financiero, es una vulneración de la autonomía constitucional de la Ciudad Autónoma y resquebraja la situación de igualdad en que deben estar todos los actores del federalismo».

Así se inició un proceso en el que la Corte convocó a las partes para que resolvieran sus diferencias y pusieran el porcentaje voluntariamente pero el intento mediador fracasó.

Finalmente el 21 pasado la Corte, con la firma de sus cuatro integrantes, dispuso que el Gobierno Nacional le pague a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95 por ciento de la masa de impuestos coparticipables.

En principio, la gestión de Alberto Fernández amagó con desconocer el fallo, haciéndose eco de las quejas de catorce gobernadores que rechazaron la decisión por injusta y poco respetuosa del federalismo, pero luego aceptó la decisión aunque el pago se haría con bonos del Tesoro.

Esto implica que si bien el fallo se cumple en su principal mandato, el desembolso del Estado Nacional no se hará inmediatamente.

«La Corte sacó un fallo vergonzoso entre gallos y medianoche dándole más fondos a Horacio Rodríguez Larreta, que administra el distrito más chico, con menos necesidades y más rico del país en detrimento de todas las provincias», justificó el ministro del Interior, Eduardo De Pedro.