«La aplicación por parte de agentes estatales de torturas en el marco de sus funciones pone de manifiesto el uso abusivo del poder coercitivo estatal como una práctica que por su gravedad afecta seriamente la vigencia plena del estado democrático de derecho», sostuvo el fallo.

Los jueces Adrián Berdichevsky, María del Carmen González Molinar y Luis Molinari condenaron a los policías Cristian Yair Figueredo a ocho años y medio de prisión, y a Sergio Damián Amori a cuatro años y medio, en ambos casos con más la «inhabilitación especial perpetua para desempeñarse en cargos públicos».

Además, el tribunal denunció a efectivos de comisaría de Tres de Febrero 11ª. de Remedios de Escalada por el presunto ocultamiento y encubrimiento de los hechos de tortura por los que fueron condenados Figueredo y Amori.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 2 de junio de 2021, cuando los jóvenes Gabriel Hernán Fleitas, Brandon Alexis Quiroga (ambos de 18 años de edad) y Sebastián Emilio Linardi (de 16), caminaban por una calle del partido bonaerense de Tres de Febrero.
Los policías redujeron a los tres jóvenes, a quienes acusaron de haber cometido un robo momentos antes en una fábrica cercana.

Los jóvenes denunciaron que los uniformados les pegaron patadas en el cuerpo y, accidentalmente, se activó el teléfono celular de Gabriel Fleitas, lo que causó el enojo del policía Figueredo.

De acuerdo con la denuncia, Figueredo extrajo una herramienta de descarga eléctrica portátil y se la aplicó en las nalgas a Fleitas y a Quiroga.

Los tres jóvenes -representados en el juicio por el abogado Daniel Stragá- fueron trasladados a la comisaría, donde – aseguraron- continuaron los malos tratos físicos y psicológicos, y les labraron actuaciones por un presunto «robo agravado».

«No podemos perder de vista que todo se inicia con la participación abusiva de poder de parte de los imputados, en la que no sólo los llevan esposados a bordo del móvil cuando desde un comienzo había serios indicios de que los tres jóvenes no tenían vinculación con el robo a la fábrica», sostuvieron los jueces.

El comportamiento de los uniformados «no sólo resulta un acto reñido con las más elementales reglas éticas que debe seguir cualquier funcionario público, sino antes bien la comisión de un hecho ilícito que por sus graves efectos encuadra en el delito de tortura», resumió el fallo.