La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha denunciado posibles despidos en el sector público de empleados afiliados a partidos políticos distintos a La Libertad Avanza (LLA). Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE, explicó en diálogo con Radio 7 que han tomado conocimiento de esta situación a través del acceso a un expediente de una empresa estatal, donde se detalla un plan de reducción del 36% de la planta de empleados, con criterios discriminatorios basados en la afiliación política.
El documento, según Aguiar, establece que los despidos se enfocarán en empleados que tengan afiliación partidaria distinta a LLA, aquellos que hayan realizado campaña contra el gobierno, empleados con reiterados certificados médicos y aquellos considerados conflictivos. «Este tipo de despidos, por razones políticas, no tiene precedentes en democracia y están expresamente prohibidos por la ley», enfatizó Aguiar.
ATE ha alertado sobre el riesgo de que esta práctica se extienda a otras áreas del Estado, y advierte que el gobierno nacional está impulsando una precarización laboral alarmante en la administración pública. Los contratos laborales se renuevan cada 90 días, lo que genera una inestabilidad constante entre los trabajadores del sector.
Aguiar también recordó que ATE exigió al presidente un listado de los supuestos «ñoquis» en la administración pública, pero hasta ahora no se ha presentado evidencia alguna que respalde esta justificación para los despidos. «Se desvanece frente a los ojos de la sociedad la principal causal de despido que invocó este gobierno», afirmó.
La denuncia se centra en una empresa estatal, pero Aguiar advirtió que se espera una nueva ola de despidos para el último día hábil de septiembre, similar a lo que ocurrió en junio, cuando se cerraron organismos como el INADI y el Ministerio de la Mujer, sectores encargados de garantizar derechos a grupos vulnerables.
ATE ha convocado a todas las instancias orgánicas del sindicato para una reunión el 10 de septiembre, donde se definirá el plan de acción a seguir. Aguiar destacó la gravedad de la situación económica y social en Argentina, describiéndola como una «bomba de tiempo» que podría estallar en cualquier momento, y advirtió sobre la dificultad de llegar a diciembre sin que explote la crisis.
Finalmente, Aguiar mencionó que las condiciones para avanzar en una nueva huelga general están dadas, y criticó a aquellos que sugieren esperar hasta 2025 para canalizar el descontento electoralmente. «Nadie puede esperar hasta el 2025 en estas condiciones», concluyó.
