Los directivos de Comarsa S.A., empresa encargada del tratamiento de residuos petroleros en Vaca Muerta, han sido sujetos a una prohibición de salida del país como medida cautelar. Esta acción busca evitar su posible fuga mientras continúa la investigación por delitos ambientales graves.
La medida fue solicitada por el Fiscal de Delitos Ambientales, Maximiliano Breid Obeid, durante una reciente audiencia. A pesar de la gravedad de las acusaciones, los imputados no se presentaron, lo que ha levantado sospechas sobre su compromiso con el proceso judicial.
La Fiscalía ha imputado a tres directivos de Comarsa por contaminación peligrosa para la salud pública y administración fraudulenta. Según la acusación, la empresa habría gestionado una planta que recibió residuos peligrosos que no podía tratar, generando un pasivo ambiental que asciende a más de siete millones de dólares.
En su exposición, el fiscal Breid Obeid enfatizó que, desde 2023, la planta ubicada en la ciudad de Neuquén está prácticamente abandonada. El fiscal advirtió que aunque actualmente son tres los imputados, es probable que el número de acusados aumente a medida que avancen las investigaciones.
Los imputados incluyen a Héctor Basilotta, director suplente de la empresa entre 2014 y 2021, y Juan Manuel Luis, el principal accionista; y un tercer imputado que fue gerente general en el período de 2013 a 2016. Se les atribuye haber simulado ganancias por tratamientos de residuos que nunca se realizaron, lo que resultó en un impacto negativo en el medio ambiente y en la salud de la población local.
A raíz de una impugnación presentada por la fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia reinstauró embargos por un total de 7 millones de dólares sobre los bienes de Comarsa. Esta decisión fue respaldada por los vocales Evaldo Moya y Alfredo Elosu Larumbe, quienes argumentaron la necesidad de asegurar los bienes en caso de condena.
Embargo Millonario
El Tribunal había anulado un fallo anterior que limitaba el embargo a la multa vigente por casos de contaminación. La controversia surgió a partir de la interpretación del Tribunal de Impugnación, que había revocado previamente las medidas cautelares, generando múltiples impugnaciones de diversas partes involucradas.
La Sala Penal del Tribunal Superior también resolvió declarar inadmisible una de las impugnaciones de la defensa, mientras que admitió las presentadas por organizaciones como la Asamblea de Derechos Humanos de Neuquén y la Asociación Civil de Abogados Ambientalistas. Esto refleja un amplio interés en garantizar que se tomen medidas efectivas contra la contaminación ambiental.
El Tribunal subrayó que las medidas cautelares son cruciales para asegurar la reparación del daño ambiental. Se estimó que las ganancias generadas por Comarsa ascienden a siete millones de dólares, pero el costo de la reparación del daño ambiental podría alcanzar los veinticinco millones de dólares.
Finalmente, la decisión del Tribunal reafirma la responsabilidad de los imputados en la reparación del daño causado y la necesidad de que las ganancias ilícitas no sean consolidadas. Se instó al Ministerio Público Fiscal a actuar con máxima diligencia en la adopción de medidas similares en el futuro, asegurando que la justicia ambiental sea una prioridad.
