El municipio de Centenario ha decidido suspender los festejos programados para el 102 aniversario de la ciudad, que estaban previstos del 11 al 13 de octubre, debido a la toma del corralón municipal por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Esta medida, que lleva 36 días, ha generado un impacto significativo en los servicios municipales y la planificación de eventos.
La ocupación del corralón ha impedido el uso de camiones, maquinaria y materiales necesarios para la realización de obras, afectando la operatividad de la planta de empleados municipales. En la mañana de este martes, la toma se extendió a varias dependencias, incluyendo la Municipalidad y las oficinas de inspección de tránsito y de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Como resultado de la situación, el personal municipal fue desalojado de las instalaciones. La administración local se prepara para que la Justicia formule cargos relacionados con esta ocupación. Sin embargo, hasta el momento, la gestión municipal no ha recibido una notificación formal sobre los reclamos de ATE, que se centran en la reincorporación de dos trabajadores contratados a término.
La controversia sobre estos contratos ha sido objeto de debate en el Ministerio de Trabajo, donde la decisión de no renovar se basó en la detección de irregularidades en el pago de horas extras y guardias. Se estima que estos pagos exorbitantes ascienden a aproximadamente 5000 dólares mensuales por cada uno de los ex contratados, lo que ha llevado a una denuncia en Fiscalía.
El impacto de esta toma se ha reflejado en los servicios esenciales de la ciudad, que se han visto gravemente resentidos. La municipalidad se ha visto obligada a contratar maquinaria y herramientas externas, ya que ATE mantiene secuestrados los equipos necesarios para el funcionamiento normal de los servicios públicos.
Ante esta crisis, la gestión municipal ha calificado la situación como un atentado a la ciudadanía de Centenario. En respuesta, han solicitado al Concejo Deliberante que declare la emergencia de los servicios públicos. Esta declaración permitiría restablecer los trabajos que desde diciembre buscan revertir el estado de abandono en el que se encuentra la ciudad.
