La Fiscalía de Delitos Económicos de Neuquén solicitó la apertura a juicio para 19 imputados acusados de participar en una red de fraude a la administración pública mediante la manipulación de planes sociales. El pedido fue formalizado en el expediente LEGAJO: 234319/2022, donde se detallan los cargos contra funcionarios públicos, empleados y particulares que habrían montado una estructura ilícita para desviar fondos públicos.
La organización delictiva
El esquema, que funcionó entre septiembre de 2020 y julio de 2022, involucraba la colaboración de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo y de la Contaduría General del Ministerio de Hacienda de Neuquén. La maniobra tenía como objetivo desviar fondos asignados al subsidio provincial por desocupación laboral mediante el cobro indebido de cheques y la extracción de dinero utilizando tarjetas de débito sin autorización.
Los cinco niveles de imputados
La acusación establece cinco niveles dentro de la organización, encabezada por los principales cabecillas que incluían a Ricardo Nicolás Soiza, Néstor Pablo Sanz, Marcos Osuna, Orlando Abel Di Luca y Tomás Siegenthaler. Estos actuaban como jefes de la estructura piramidal, impartiendo órdenes a colaboradores y reclutadores que se encargaban de captar a supuestos beneficiarios para justificar los pagos.
En los niveles inferiores se encontraban colaboradores, como Luis María Gallo y Julieta Oviedo, quienes ayudaban a darle apariencia de legalidad a las maniobras fraudulentas. Además, reclutadores y beneficiarios falsos completaban la pirámide, participando en la extracción de fondos y el cobro de cheques.
Más de 9.000 estafas y un perjuicio millonario
La organización llevó a cabo 9.303 operaciones fraudulentas durante el período investigado, resultando en un perjuicio al Estado de más de 941 millones de pesos. La fiscalía asegura que los fondos desviados fueron utilizados para campañas políticas y para engrosar el patrimonio de los imputados.
Consecuencias legales
Los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Manuel Narváez Barraza presentaron un detallado informe de 440 páginas que incluye las pruebas ofrecidas para el juicio. Se espera que los líderes de la banda enfrenten penas de hasta 8 años de prisión, mientras que el resto de los implicados podrían recibir condenas de entre 4 y 6 años.
Este caso, uno de los mayores escándalos de corrupción en Neuquén, promete un largo proceso judicial que marcará un precedente en la lucha contra la corrupción en la administración pública.
