La situación de las pequeñas y medianas empresas en Argentina se encuentra en un estado crítico, especialmente en lo que respecta a la creciente industria de los juicios laborales. La historia de Cristian, comerciante y propietario de cuatro heladerías en Tres Arroyos(Provincia de Buenos Aires), ilustra cómo estas demandas pueden amenazar la viabilidad de los negocios familiares.

Un Incremento Alarmante

Cristian, que ha manejado con éxito su negocio durante años, se encontró en un momento inesperado con dos demandas laborales que podrían llevar a su empresa a la quiebra. “Nunca había tenido un juicio laboral, pero en los últimos dos años, me llegaron cartas documento por parte de dos empleados”, cuenta. Las demandas iniciales, que se cifraban en montos, según dice inflados, de 5 a 6 millones de pesos, han escalado a cerca de 60 millones cada una, gracias a un reciente fallo judicial que actualiza las indemnizaciones.

El fallo en cuestión es conocido como la doctrina Barrios, que plantea actualizaciones de los montos por indemnización . Aunque se planteó desde la Corte Suprema bonaerense que debía aplicarse “cuidando de evitar que el reconocimiento patrimonial final del capital exceda el valor real de la prestación debida” y que esto arroje “resultados excesivos, apartados del valor actual de la prestación debida y, por tanto, superiores a la cuantía del daño”; el entrevistado denuncia que la justicia laboral no tiene en cuenta la sugerencia y está dejando a las empresas al borde de la quiebra.

Más del 50% de las PYMES enfrenta litigios laborales

Datos de la Cámara Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa (CAPYME) arrojan que más del 50% de las PYMES enfrenta litigios laborales con costos desproporcionados y totalmente inviables para los negocios.

El testimonio de Cristian evidencia, lamentablemente, un fenómeno común: la industria del juicio laboral se ha convertido en un negocio rentable para muchos abogados, quienes muchas veces piden montos inviables en las demandas. “Es un negocio para los abogados, no para los empleados”, afirma. Esta dinámica ha llevado a una situación donde las PYMES se ven obligadas a afrontar demandas que pueden superar sus capacidades económicas.

“Pasamos de hablar de un juicio tonto a uno que pone en jaque mi economía”, dice Cristian, quien ahora se enfrenta a la posibilidad de perder todo lo que ha construido. La presión de estas demandas puede llevar a los empresarios a un estado de angustia y desesperación, algo que Cristian ha experimentado de primera mano con consecuencias directas en su salud.

Las repercusiones de estas demandas no solo afectan a los dueños de las empresas, sino también a los empleados. Cristian actualmente emplea entre 10 y 20 personas, dependiendo de la temporada. Si la situación legal se agrava y deben cerrar sus negocios, tendrá que despedir a todos “Voy a tener que dejar sin trabajo a estas personas por estos juicios ridículos”, lamenta.

Según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el desempleo en Argentina ha alcanzado un 7,7 % para el primer trimestre de este año, y cualquier cierre de empresa agrava esta situación. Las PYMES son responsables de una buena parte del empleo privado registrado en el país; por lo tanto, la fragilidad de estas empresas puede tener un efecto en cadena sobre la economía local.

El consejo de un abogado

Cristian, tras recibir el consejo de un abogado laboralista, ha intentado llegar a un acuerdo con los demandantes, pero las pretensiones han escalado a cifras impensables. “En un principio hablábamos de 2 millones, y ahora piden 60 millones. Algo imposible de pagar”, dice. La aceptación de la situación ha sido un proceso difícil.

El desafío legal no se detiene ahí. La falta de jueces ha retrasado el proceso, y la incertidumbre se convierte en un peso adicional para el y otros empresarios en su situación. “La audiencia se suspendió y ahora tenemos que esperar hasta noviembre para ver qué pasa”, relata frustrado.

Cristian espera que, al menos, los legisladores o jueces se den cuenta de la irracionalidad de las demandas en su contexto. “No puede ser que alguien que trabajó 20 días en blanco tenga que recibir un pago de 60 millones de pesos”, criticó. Esto pone en evidencia la desconexión entre el sistema legal y la realidad económica que enfrentan las PYMES.

Mientras tanto, la situación de las Pequeñas y Medianas Empresas en Argentina sigue siendo precaria. Aunque existe la Ley de Protección a las PYMES, que busca mitigar este tipo de situaciones, muchas empresas como la de Cristian se encuentran atrapadas en un limbo legal. “Las reglas del juego cambian constantemente”, concluye.

Su historia es un claro reflejo de los desafíos que enfrentan las pequeñas y medianas empresas en Argentina, especialmente en relación con la creciente industria de los juicios laborales. En un país donde las PYMES son el motor del empleo, es crucial que se encuentren soluciones que no solo protejan a los trabajadores, sino que también salvaguarden la viabilidad de los negocios familiares que sostienen a muchas comunidades.

Respecto de la reciente reforma laboral y el cambio en el sistema de indemnizaciones, cree que la ley actual “protege a los empresarios de estas cosas totalmente ilógicas”. Los que tienen juicios iniciados no corren con la misma suerte. “Una persona que está ante la misma situación que yo, ahora arregla con lo que corresponde, sin ninguna multa ridícula y yo que estoy en la misma situación, en el mismo país, con una diferencia de seis meses, tengo que cerrar el negocio y fundirme”.