El miércoles pasado se realizó una multitudinaria marcha universitaria en todo el país contra las políticas del gobierno de Javier Milei. Al día siguiente, el Presidente vetó la ley de financiamiento universitario que ampliaba las partidas presupuestarias en sueldos docentes.

Este viernes, agredieron a un funcionario del gobierno nacional y dos legisladores de la LLA al intentar dar una charla en la Universidad Nacional de La Plata. ¿Cuáles son los números reales de las universidades públicas y qué significó el plan platita de Sergio Massa para la gestión actual en materia universitaria?.

El 4 de septiembre pasado, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, se presentó en el Congreso de la Nación, por primera vez, y respondió 2135 preguntas. Solo 39 preguntas tuvieron como eje las universidades públicas. En la pregunta 647, Francos anticipó la intención del gobierno de “cobrar arancel a estudiantes universitarios extranjeros”. En otras respuestas se expuso el plan de infraestructura universitaria heredado del gobierno de Unión por la Patria y la cantidad de obras encaradas por su ministro de Economía, Sergio Massa.

Los resultados fueron sorprendentes. De las 191 obras de infraestructura prometidas durante el año 2023, último de la gestión Alberto y Cristina Fernández, se terminaron solo 2 obras, según datos de Jefatura de Gabinete. Otras 4 obras fueron rescindidas por el anterior gobierno. 89 fueron promesas que aún no se iniciaron. El presupuesto en obras de infraestructura universitaria fue de $ 7.110.831.346,58. Específicamente, sin contar las escuelas técnicas, 49 de 92 obras tuvieron un avance del 0% durante el año 2023. No hubo marchas universitarias. Ningún rector se quejó. Sergio Massa fue uno de los asistentes a la marcha universitaria ingresando al grito de “vamos a volver” luego de abrazarse con Guillermo Moreno.

Pero ¿qué hizo el gobierno actual con esas promesas incumplidas del plan platita? No mucho. En el Anexo a la Respuesta 667 que accedió NA, Francos detalló la cantidad de obras que se paralizaron, se están revisando o, próximamente, se retomarán del “plan Platita”, incluso una de ellas con el 97% de avance situada en la provincia de Río Negro, ciudad Bariloche. Se trata del edificio académico, reformas en el pabellón 3, gestionado por la Universidad Nacional de Río Negro.

En los centros de estudiantes denunciaron un “desfinanciamiento” de las universidades y los rectores aseguraron que no se puede sostener una universidad con salarios que perdieron, en promedio, un 30% contra la inflación. En la vereda de enfrente, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, aseguró que hubo “80 mil millones de pesos” que desaparecieron de transferencias públicas a universidades que el gobierno actual no permitió su apertura.

Se trata de las Universidades de Pilar y del Delta, vinculada, ésta última, con Massa. Antes de concluir el gobierno anterior, Alberto Fernández, autorizó la creación de cinco nuevas casas de Altos Estudios, entre ellas, la polémica Universidad de las Madres de Plaza de Mayo que está, actualmente, intervenida pues tenía el record de número de docentes por cantidad de egresados –más de 30 por egresado-. Álvarez asegura que las universidades no entregan el listado actualizado de alumnos regulares y que “inflan” el número para pedir más partidas presupuestarias.

Según datos oficiales, el presupuesto de los últimos dos años en la Universidad de Buenos Aires fue de $ 242.951.699.271 solo en sueldos docentes y no docentes. O sea más del 70% de un total de      $ 301.063.913.439. Francos agregó que el gobierno libertario recibió una deuda en materia de “ciencia y tecnología” para el desarrollo docente de $1.849.590.075 que fue saldado.

Para el gobierno, el ajuste en los números no existe ya que el presupuesto 2024, con fecha 30 de junio, es de $2.571.440.182.094. De ese total se devengó el 67,38%. Para que se entienda bien, se trata de 2.571.440.182,94 dólares.

Esa masa de dinero tuvo un aumento del 69,41% alcanzando la suma de $4.356.176.991.252 de los que se ejecutó la mitad. Demasiado dinero para entregarse sin control.

Las universidades son autárquicas, ningún gobierno puede intervenir sobre ellas ni controlarlas. De esa manera, los rectores resisten las auditorías. De hecho, el mes pasado, se lo preguntaron al jefe de gabinete, Guilermo Francos: “¿Cuál es el resultado de la auditoría de gestión, presupuestaria, económica y financiara realizada sobre la Universidad Nacional de General San Martín, la Universidad Nacional de Tres de Febrero y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, durante el período comprendido entre el 1° de enero de 2020 y el 31 de mayo de 2024?”.

Francos aseguró que “el Ministerio de Capital Humano sólo tiene competencia para auditar el control interno en la asignación y monitoreo de los recursos con destino específico para la ejecución de los programas que se encuentran a cargo de la Subsecretaría de Políticas Universitarias (SSPU). Es competencia de la SSPU verificar (no auditar) el cumplimiento y seguimiento de las normas de aplicación relativas al presupuesto universitario y su ejecución”.

La educación quedó al margen. La batalla es por la plata.