La noticia fue comunicada a padres y alumnos mediante un comunicado de prensa del Consejo Provincial de Educación (CPE), que aclaró que los estudiantes podrían volver a las aulas. Este conflicto surgió tras la preocupación de los adolescentes al enterarse de que tendrían como compañero a uno de los implicados en el asesinato del periodista.

Las tensiones se intensificaron durante varios días, durante los cuales los padres mantuvieron múltiples reuniones con autoridades del CPE. En estas discusiones, participaron figuras clave como Christian Widmann, Director provincial de Educación Secundaria, y otros representantes del establecimiento educativo.

Inicialmente, las autoridades habían defendido el derecho del menor a estudiar, enmarcando su situación en la Ley 2.302, que protege el acceso a la educación. Sin embargo, los padres y alumnos manifestaron su temor ante la situación. “Los chicos sabían quién era y comenzaron a expresar su miedo”, comentó Sol Dewey, madre de un alumno, a Noticias 7.

El descontento entre los padres aumentó al no haber recibido información previa sobre la presencia del menor en la escuela. “Sentimos que las autoridades no estaban protegiendo a nuestros hijos”, agregó Dewey, quien expresó la angustia generada por la incertidumbre.

Ante la creciente presión de los estudiantes y sus familias, el CPE finalmente resolvió que el menor regresara a la modalidad virtual. Antes de esta decisión, el adolescente había estado asistiendo a clases de manera remota, una opción que fue reconsiderada tras la polémica. Los alumnos habían comenzado una sentada en modo de protesta.

“Es un tema muy complejo lo que pasa con estos chicos”, dijo Dewey, refiriéndose a los menores involucrados en delitos. La madre sugirió que se deberían implementar clases especiales para estos estudiantes, garantizando un entorno seguro y sin tensiones.

El regreso a clases marca un nuevo capítulo para la Escuela de Enfermería, donde la convivencia de los estudiantes se ha visto alterada por las circunstancias. La situación abrió un debate más amplio sobre la educación y la reinserción social de jóvenes involucrados en hechos delictivos.

Las autoridades educativas se enfrentan ahora al reto de asegurar un entorno seguro para todos los alumnos, mientras trabajan en soluciones que no comprometan el derecho a la educación de ningún estudiante. La comunidad educativa espera que esta decisión permita restablecer la normalidad y la confianza en el ambiente escolar.