Néstor Pablo Sanz, uno de los principales acusados en la investigación por fraude en el manejo de planes sociales provinciales, deberá regresar a prisión preventiva por seis meses. La medida se resolvió hoy en una audiencia, a la que el acusado llegó detenido, por infringir la detención domiciliaria con 16 salidas en un día.

La solicitud para que el imputado, quien llevaba 11 meses en prisión domiciliaria luego de haber pasado 4 meses en una comisaría al inicio de la investigación, volviera a cumplir la medida cautelar fue realizada ayer por el fiscal del caso Juan Narvaez, junto al fiscal jefe Pablo Vignaroli y la asistente letrada, Agustina Jara.

El fiscal de Delitos Económicos presentó un informe del organismo del Poder Ejecutivo que se encarga de realizar el seguimiento de las tobilleras electrónicas que funcionan en la provincia. El fiscal jefe Vignaroli precisó que las salidas llegaron hasta los 19 minutos de duración.

“La primera alarma empezó a las 16:45, se normaliza 4 minutos después pero eso lo repitió 16 veces” indicó Narvaez.

En la audiencia, el imputado explicó que cumple la prisión preventiva en un departamento ubicado al fondo de un predio con varias viviendas y por esta razón había solicitado una ampliación del rango de movimiento.

Sin embargo, el fiscal Narvaez señaló que este cambio no contaba con autorización de la fiscalía ni de ninguna autoridad judicial, lo que fue uno de los elementos que llevó al juez Lucas Yancarelli a disponer el regreso de Sanz a prisión.

“Si la tobillera se dispuso para un domicilio, las resoluciones tienen una esencia. La ampliación no sé quién la decidió, sino que lo hizo alguien a pedido del imputado. Que fuera a lo de su hermano no estaba autorizado y no tenía nada que hacer allí” explicó Narvaez.

Sanz es uno de los imputados como jefe de una presunta asociación ilícita dedicada a la defraudación en el cobro de planes sociales.  El 10 de julio de 2023 se impuso una prisión preventiva, que a pesar de la oposición fiscal, cuatro meses después se transformó en prisión domiciliaria.

A partir de incumplir con la prisión domiciliaria, el juez aprobó el pedido de la fiscalía en todos sus términos y dispuso que el acusado permanezca en prisión preventiva a partir del próximo 10 de noviembre.