Tres jóvenes fueron imputados por atacar a dos chicos a la salida de un boliche y en el predio de la Terminal de Ómnibus de Villa La Angostura. La Fiscalía los acusó de golpes y lesiones graves durante una pelea, además el juez impuso medidas de protección para las víctimas y testigos del hecho.

El fiscal Adrián De Lillo y el asistente letrado Federico Gayós formularon cargos contra S.M.T, G.D.M y A.R.S. La audiencia se llevó a cabo este lunes, donde se expusieron los dos hechos de violencia ocurridos el 23 de febrero.

La primera agresión tuvo lugar alrededor de las 7:00 dentro del predio de la Terminal de Ómnibus. La primera víctima estaba sentada con amigos cuando S.M.T y G.D.M lo increparon por una discusión previa en el boliche. En ese contexto, G.D.M le dio una patada en la cara que lo hizo caer al suelo y S.M.T lo agredió con golpes de puño.

En un momento, el joven pudo levantarse e intentó retirarse, pero los dos imputados continuaron golpeándolo hasta que quedó tendido en el asfalto. Como consecuencia, sufrió heridas graves en el rostro y perdió piezas dentales.

El segundo hecho sucedió minutos después, cuando un amigo de la primera víctima intervino para defenderlo, lo que desató una segunda agresión. En este caso, S.M.T y A.R.S lo atacaron con golpes de puño y patadas, lo que provocó diversas lesiones.

Los fiscales imputaron a S.M.T y G.D.M por el delito de lesiones graves en calidad de coautores, mientras que a S.M.T y A.R.S se los acusó de lesiones en riña, también como coautores. Los cargos se basan en los artículos 90, 96, 45 y 54 del Código Penal. Además, solicitaron la implementación de medidas de protección para las víctimas y testigos presenciales.

El juez de garantías Ignacio Pombo aceptó la formulación de cargos y dispuso restricciones para los acusados. Se les prohibió acercarse a menos de 100 metros de las víctimas y sus domicilios, así como cualquier tipo de contacto por cuatro meses. También estableció el mismo plazo para la investigación.

La querella, representada por la abogada de la madre de una de las víctimas, respaldó la calificación legal y las medidas de protección propuestas por la fiscalía.