Nueve presos del penal bonaerense de Sierra Chica quedaron imputados en una causa, acusados de formar parte de una organización dedicada a las estafas virtuales por un monto superior a los cuatro millones de pesos mediante la supuesta ventas de gazebos a través de redes sociales, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.

Las detenciones se llevaron a cabo luego de una serie de allanamientos en el interior de las Unidades Penitenciarias 27 y 38 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en la localidad de Sierra Chica, y los investigadores detuvieron además a seis mujeres, todas allegadas o familiares de los presos, que colaboraban con la maniobra delictiva desde sus domicilios particulares en el partido de Olavarría.

Los detenidos dentro de las cárceles fueron identificados por los investigadores policiales y judiciales como Raúl Victorino Villalva, José Aníbal Ángel Pechinotti, Jonathan Abel Urquiola, Ricardo Alfonso Barrientos, Héctor Marcelo Bucci, Gastón Horacio Fernández, Walter Javier De La Cruz y Lucas Leonel Delmastro.

Brian Sebastián Agüero, que había recuperado la libertad el pasado sábado, fue nuevamente apresado en su domicilio, también sindicado como parte de la organización.

En tanto, también fueron detenidas seis mujeres allegadas a los sospechosos, identificadas como Florencia Núñez, Sol Milagros Ciancio, Karina Verónica Bustamante, Lorena Marisol Bustamante, María de los Milagros Bustamante y Fiamma Raquel Carricart.

ESTAFAS CON LA VENTA DE GAZEBOS

Según indicaron las fuentes ala agencia Télam, la investigación comenzó a fines de septiembre cuando la dueña de un local comercial llamado «Kárpitas», que se dedica a la venta de gazebos en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, denunció que una persona le reclamó la entrega de un producto que había solicitado a través del sitio de ventas online «Marketplace» de Facebook.

La comerciante explicó que ella no había realizado esa venta, ya que sus productos no son comercializados por esa red social.

La sospecha de los investigadores es que los estafadores se apropiaban del nombre del comercio para tener una pantalla para justificar la seriedad del producto que «ofrecían» y así poder convencer a sus víctimas para que depositen dinero en billeteras virtuales.

A raíz de ello, el fiscal Andrés Quintana, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Pilar, comenzó a investigar una serie de denuncias similares donde las personas se contactaban por redes sociales y eran atendidas por vendedores que utilizaban nombres falsos como Víctor o Cristian Matías Boero.

Una vez que las víctimas ingresaban en dicha publicación y tenían un primer contacto con el vendedor, éste les pasaba un número telefónico para continuar la operación vía la aplicación de mensajería instantánea «Whatsapp».

La organización operaba con siete números de abonados de telefonía celular para llevar adelante las estafas. Una vez realizado el pago total o parcial del producto, las víctimas eran bloqueadas de los canales de comunicación y no volvían a tener contacto con ellos, indicaron las fuentes.