La investigación judicial determinó que no había signos de abuso ni de golpes en la menor. A pesar de ser sobreseído y recuperar la custodia de su hija, la estigmatización social lo dejó sin hogar ni trabajo. La denuncia pública de una vecina desató no solo la violencia colectiva, sino también la destrucción total de su vivienda.

El caso de Franco refleja las consecuencias del linchamiento social y las falsas acusaciones. La difusión en redes sociales de información sin corroborar derivó en amenazas, ataques y la pérdida de su casa, que quedó inhabitable tras los incidentes.

Actualmente, la hija del matrimonio se encuentra bajo resguardo estatal, ya que las condiciones de vida en la calle no son aptas para una menor. Franco explicó que, a pesar de su inocencia comprobada, no puede regresar al barrio por temor a nuevos ataques.

La situación expone un grave problema: la justicia por mano propia y el daño irreparable que provocan las falsas denuncias. Además, evidencia la necesidad de esperar los procesos judiciales antes de actuar impulsivamente, ya que la violencia comunitaria puede terminar destruyendo vidas inocentes.

Franco anunció que iniciará acciones legales contra la autora de la falsa denuncia, buscando reparar, en parte, el daño ocasionado a su familia. Mientras tanto, enfrenta la dura realidad de la calle junto a su pareja embarazada, víctimas de un sistema que no supo protegerlos tras su absolución.