Una mujer que trabajaba en un Hogar de Niños dedicado a infantes vulnerables de la localidad misionera de Puerto Rico aceptó una condena a 25 años por corrupción de menores agravada, en un juicio abreviado en la que se evitó la revictimización de los menores, mientras se ventiló que algunos de ellos eran filmados tras ser incitados a mantener relaciones sexuales entre sí.

Según las denuncias, la mujer, llamada Mirta Piris, actualmente de 48 años, sometió a los niños a abusos y corrupción, y con el juicio abreviado logró evitar un proceso en el que podría haber recibido una pena de 50 años de prisión.

En total, se confirmó que hubo 11 víctimas, quienes llamaban a la mujer «tía», informó el sitio Misionesonline.

Los casos fueron descubiertos en noviembre de 2019 cuando el director del hogar denunció los maltratos y abusos cometidos por la imputada, quien había trabajado en el lugar desde 2010 hasta 2018.

La psicóloga del establecimiento confirmó la veracidad de las denuncias. Se descubrió que cinco chicos entre 2015 y 2018 habían sido corrompidos sexualmente en el living de la casa, mientras que otros seis jóvenes también habían sufrido situaciones similares en las habitaciones del lugar bajo amenazas.

Se pudo establecer que la mujer sometía habitualmente a los chicos de entre nueve y 16 años a malos tratos.

Al menos en tres oportunidades, siempre de acuerdo con la instrucción, la mujer les hizo llevar a los chicos colchones de los dormitorios al living de la «casita» para lo que ella denominó «un juego».

En ese lugar, Piris hacía desnudar a los chicos y tocarse, mientras que a los más grandes los inducía a tener relaciones sexuales mientras ella los filmaba con su celular.

Esas circunstancias fueron narradas por las víctimas, ya que los videos nunca pudieron ser recuperados.

La sentencia se conoció después del acuerdo para un juicio abreviado que fue firmado por el titular de la Fiscalía del Tribunal Penal II, Vladimir Glinka, y la defensa de la acusada, en la mujer aceptó su responsabilidad en los hechos.

El acuerdo fue girado a los jueces del Tribunal Penal II para su aprobación. El juez Manuel Balanda Gómez dirigió la investigación del caso y elevó el expediente a juicio en enero del año pasado.

El fiscal Glinka sostuvo que «uno de los motivos que nos llevó a firmar este juicio abreviado es que con esto evitamos la revictimización de los menores» y remarcó que en este tipo de delito, la pena es de cumplimiento efectivo.