El 1ro. de abril de 2019 a las 15.15 se derrumbó un edificio en Pavón 3076, en el barrio de San Cristóbal. El sonidista de la TV Pública Adrián Continiello Farelo, que vivía en el 2° piso, falleció por los politraumatismos y hemorragias causados por el golpe y aplastamiento de los materiales desprendidos a raíz del derrumbe. En la planta baja del edificio había un supermercado; su propietaria, Hun Zhu Shi, fue rescatada entre los escombros por los bomberos de la Ciudad.

Las obras en el predio situado en Pavón 3062 prosiguieron, a pesar de que vecinos habían alertado sobre las grietas que provocaban en la edificación los trabajos de excavación y submuración que realizaba personal de las empresas Lybster S.A. y Demoliciones Mitre S.R.L por cuenta y orden de Caputo Hermanos S.A.

El año pasado, en un juicio abreviado condenaron a un inspector porteño por ese mortal derrumbe: Guido Tirendi aceptó los cargos y recibió una pena de dos años de prisión en suspenso; los otros siete acusados protagonizarían el primer juicio por jurados de la Ciudad de Buenos Aires en marzo de este año. Sin embargo, en febrero el juicio se suspendió: «Hubo algunos acuerdos de suspensiones y juicios abreviados que ya están homologados, por lo que ya no habría juicio por jurado», explicaron desde la oficina encargada del proceso dependiente del Consejo de la Magistratura porteño.

María Mercedes Casas, que era la pareja de Continiello, y que junto a él y su hermana compartían el mismo departamento, denunció a través de su cuenta de Tik Tok que uno de los acusados, Ricardo Vernon Nicholson, está trabajando nuevamente en la obra aún cuando en diciembre de 2022 se le dictó una probation que incluyó tobillera y restricción de acceso a 400 metros de la obra.

Casas aseguró que Nicholson llegó a un acuerdo económico con la familia de la víctima y el caso se cerró; pero la restricción de acceso permanece y no la cumple.

Nicholson consiguió un juicio abreviado con pena en suspenso. Fue condenado como ingeniero pero en el expediente no está acreditado que tenga el título y se evalúa denunciarlo por usurpación de títulos y honores porque puede haber firmado otra obra en construcción.

La querella, tras la sentencia de primera instancia, apeló en los casos de los imputados Valeria Martini, Ricardo Vernon Nicholson, Eduardo Agustín Aguaviva y Norma Eugenia Mendes Simoes que son “los que tienen mayor responsabilidad penal para que la cámara revea las probations y los juicios abreviados que se concedieron en el juzgado”.

“Es un muy mal antecedente porque no incentiva a que las constructoras y desarrolladoras hagan inversión en seguridad teniendo en cuenta que las consecuencias penales son escuetas y limitadas y hoy hay más de 1.200 obras en marcha en la Ciudad”, agregó el abogado Jorge Monastersky, representante de parte la querella en representación de María Mercedes Casas y María del Rosario Casas, concubina y cuñada de la víctima, que ya apeló ante la Cámara del fuero penal porteño.