La fiscal del caso Silvia Moreira  formuló cargos el viernes contra cinco varones por abusar sexualmente de un compañero de trabajo, en dos situaciones diferentes pero en ambos casos, en el marco de un ámbito laboral: uno, cuando cuatro de los acusados lo golpearon y cometieron el abuso arriba del vehículo que los llevaba desde su lugar de trabajo hacia sus domicilios; y el otro, en una locación de la empresa.

La fiscal del caso detalló que el primer hecho ocurrió el 28 de noviembre de 2022. La víctima subió al transporte colectivo que traslada a los empleados de una empresa del sector petrolero a sus domicilios. Los acusados son un grupo de cinco compañeros. La teoría del caso de la fiscalía es que, cuando la víctima subió, sus compañeros lo estaban esperando: uno lo sujetó e intentó besarlo, pero no pudo por la resistencia de la víctima; mientras que otros tres comenzaron a golpearlo, lo sujetaron de las piernas y le realizaron tocamientos. Sobre la base de testimonios recolectados por la fiscalía, el accionar desplegado por el grupo es reconocido como “el feliz cumpleaños” en el ámbito laboral.

El segundo hecho se produjo al día siguiente, en la base de la empresa en la ciudad de Senillos. La fiscal Moreira le atribuyó a uno de ellos haber abusado sexualmente de víctima, cuando esta última se encontraba rindiendo inventario junto a otro compañero. Fue en ese contexto que el acusado pasó en tres oportunidades por detrás, apoyando sus genitales en la espalda, lo que provocó la reacción de la víctima. Esa reacción fue captada por las cámaras de seguridad y vista por testigos, explicó la fiscal del caso.

Respecto del primer hecho, Moreira formuló cargos por el delito de abuso sexual simple abuso sexual simple, agravado por haber sido cometido por dos o más personas. Por el segundo, la acusación fue por  abuso sexual simple. Las defensas de los acusados se opusieron a la formulación y cuestionaron que, a raíz de lo ocurrido, los acusados hayan sido despedidos.

Moreira detalló que el 30 de noviembre de 2022, la víctima denunció lo ocurrido ante la empresa. Eso posibilitó que por un programa de intervención interna fuera trasladado a otra locación y que denunciara también, al día siguiente, ante el Ministerio Público Fiscal.

Tras escuchar a las partes, la jueza de garantías tuvo por formulados los cargos y ordenó el inicio del plazo de cuatro meses para completar la investigación.