La Fiscalía de Delitos Económicos, encabezada por el fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Juan Manuel Narváez, llevó adelante operativos en la Legislatura y la Casa de las Leyes de Neuquén, junto a un allanamiento en la vivienda del coordinador de la Casa de las Leyes, Pablo Antonio Ruiz, en Plottier. Estas acciones fueron autorizadas por el juez de garantías Juan Manuel Kees, en el marco de una investigación por peculado y fraude a la administración pública.
La investigación comenzó tras una publicación del diario “Río Negro”, que denunció una presunta maniobra defraudatoria vinculada a la designación irregular de personal en la Legislatura por parte de la vicegobernadora Gloria Ruiz. Posteriormente, el 20 de noviembre, el Banco Provincia de Neuquén (BPN) presentó una denuncia detallando movimientos sospechosos en la cuenta personal de Pablo Ruiz, hermano de la funcionaria y coordinador de la Casa de las Leyes.
De acuerdo con el BPN, Ruiz recibió acreditaciones por 29.854.350 pesos, provenientes de la Legislatura, y realizó extracciones en efectivo por 20.600.000 pesos, además de constituir plazos fijos por montos significativos. Según la entidad bancaria, el funcionario atribuyó estas transferencias a “viáticos y programas”. Sin embargo, desde agosto de 2024, la Legislatura dejó de realizar transferencias a su cuenta, lo que aumentó las sospechas.
Los fiscales señalaron que Ruiz utilizó fondos de origen público para generar beneficios privados, constituyendo plazos fijos que incrementaron su patrimonio de forma notable. Actualmente, cuenta con 51 millones de pesos en instrumentos financieros.
Entre los elementos que motivaron los allanamientos, se destacó que el imputado continuó obteniendo réditos económicos con operaciones financieras incluso después de que las transferencias desde la Legislatura cesaron. Los fiscales argumentaron que esta conducta podría encuadrarse en el artículo 261 del Código Penal, que penaliza la sustracción de caudales públicos.
Durante los procedimientos, se buscó secuestrar facturas, remitos, recibos y dispositivos electrónicos como teléfonos y computadoras, tanto en las oficinas públicas como en la vivienda del coordinador. La investigación también involucra a otros familiares cercanos de Gloria Ruiz, quienes habrían sido beneficiados con cargos y designaciones.
Hace apenas diez días, trascendió que Ruiz habría asignado puestos laborales a familiares cercanos, lo que generó críticas y desató una serie de investigaciones sobre posibles irregularidades. Los fiscales intentan determinar si esta estructura fue utilizada para cometer delitos como malversación de fondos y administración fraudulenta.
Los procedimientos en la Legislatura y la Casa de las Leyes marcan un paso clave en esta causa, cuyo desenlace podría implicar graves consecuencias penales para los implicados.
Secuestran documentación clave en operativos
En el marco de la investigación por presunto fraude a la administración pública que involucra a la vicegobernadora Gloria Ruiz y su entorno, personal de la Fiscalía de Delitos Económicos realizó procedimientos en la Casa de las Leyes y otras dependencias vinculadas. Según informó el periodista Rigo Castaño en Radio 7, una camioneta oficial fue vista retirándose del lugar con documentación incautada, considerada evidencia clave para el caso.
Las actividades en la Casa de las Leyes fueron suspendidas mientras efectivos del área de Delitos Económicos continuaban con las diligencias. Además, se realizaron operativos en la Legislatura y en la vivienda particular del hermano de la vicegobernadora, Pablo Antonio Ruiz, señalado como pieza central en la maniobra investigada. El funcionario habría utilizado su posición para recibir fondos públicos, que luego habrían sido destinados a constituir plazos fijos y generar réditos personales.
El gobernador Rolando Figueroa, consultado sobre el operativo, afirmó no estar al tanto de las acciones judiciales y evitó emitir declaraciones al respecto. Fuentes cercanas al mandatario señalaron que la postura oficial es respetar el curso de la investigación.
Mientras tanto, las pruebas recabadas en los allanamientos serán analizadas para determinar si hubo malversación de fondos y fraude. La Justicia también buscará establecer si los familiares de la vicegobernadora fueron beneficiados con designaciones irregulares para encubrir estas maniobras.
