La Cámara Federal porteña ordenó a la jueza federal María Eugenia Capuchetti ampliar el período temporal del estudio de los teléfonos de las asesoras del diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman, en el marco de la investigación por el atentado a la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

La decisión fue ante un pedido de los abogados de la titular del Senado, querellantes en el caso, ya que la magistrada sólo había ordenado examinar los celulares de Ivana Bohdziewicz y Carolina Elizabeth Gómez Mónaco en lo que hace a la jornada del 30 de agosto, un día antes del atentado y cuando Milman estuvo en un bar frente al Congreso de la Nación y, según un testigo, mostró tener conocimiento del hecho que se avecinaba.

Así, el análisis de los teléfonos de las dos asesoras de Milman será desde el 1º de julio hasta diciembre pasado: lo que se intenta determinar es si en esa reunión, que existió pero que el diputado niega que se haya hablado de un eventual atentado, se tenía conocimiento de que algo iba a suceder contra la ex jefa de Estado.

«En función de ello, luce razonable que se realice la búsqueda de la información contenida en los aparatos telefónicos secuestrados a Ivana Bohdziewicz y Carolina Elizabeth Gómez Mónaco, la cual habrá de circunscribirse a corroborar o descartar la existencia de cualquier mención a los dichos que, según el testigo Abello, habría proferido Gerardo Milman en la jornada del 30 de agosto de 2022 y/o cualquier mención o texto que pueda vincularse al atentado», sostuvieron los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

Y añadieron: «En igual sentido consideramos fundamentada debidamente por la parte -en consideraciones de razonabilidad- la ampliación del lapso temporal propuesto, en virtud de lo cual concluiremos que el examen de dicha información debe realizarse entre el 1° de julio y el 1° de diciembre de 2022 -fecha en la que se aportaron los dispositivos en cuestión-; debiendo ser realizado, tal como lo ha sugerido la propia querella, bajo preciso control jurisdiccional y del Ministerio Público Fiscal y con restricción de absoluta reserva de toda aquella información que no guarde estricta relación con el caso».

El juez Mariano Llorens votó en disidencia al considerar que la propia defensa restó valor a la prueba al indicar que las dos testigos pudieron haber borrado el contenido de los teléfonos.

Por el momento, la vicepresidenta intenta comprobar la supuesta vinculación de la oposición con el atentado, tanto en lo que hace al hecho como la financiación, ya que ofreció varias medidas de prueba en ese sentido.