El asesinato de José Eduardo Aigo, ocurrido el 7 de marzo de 2012 en la localidad de Pilolil, sigue siendo uno de los casos más emblemáticos de impunidad en Neuquén. La familia Aigo, que lleva años buscando justicia, recibió el respaldo de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien se comprometió a continuar con los esfuerzos para esclarecer el crimen.
En un encuentro realizado ayer en el marco de una actividad de quema de drogas en la provincia, el abogado de la familia Aigo, junto a autoridades locales y provinciales, tuvo una reunión inesperada con la ministra. Durante la conversación, se repasaron las dificultades que aún enfrenta la investigación y las complejidades del caso, que involucra a terroristas internacionales.
El asesinato de Aigo se mantiene impune, a pesar de los avances en otros casos similares en los que se identificaron a los responsables y se los condenó. En el caso de Víctor Fabián Darro, por ejemplo, los responsables fueron condenados a prisión perpetua. Sin embargo, la situación de Aigo es diferente. El crimen está relacionado con grupos terroristas internacionales, lo que dificulta la investigación y requiere de una coordinación federal para poder avanzar.
En 2016, poco después de asumir como ministra de Seguridad, Patricia Bullrich se comprometió a apoyar la investigación del asesinato de Aigo. El abogado de la familia recordó cómo, en una reunión en Buenos Aires, Bullrich demostró estar al tanto de los movimientos terroristas en Latinoamérica y asumió el compromiso de ayudar a esclarecer el crimen. “Bullrich no es improvisada”, afirmó el abogado, destacando su conocimiento y disposición para colaborar en casos complejos como el de Aigo.
Desde el principio, la familia Aigo ha solicitado la intervención del gobierno nacional debido a las características internacionales del caso. Según el abogado, no se trata de un crimen que pueda resolverse solo a nivel provincial, ya que los autores están vinculados con organizaciones terroristas, lo que exige una respuesta del Estado federal. Esta coordinación ha sido esencial para evitar que el caso quede limitado a las fronteras de Neuquén.
En un intento por obtener información sobre los prófugos, el gobierno actualizó la recompensa ofrecida por datos que puedan llevar a la captura de los responsables. En 2022, la recompensa pasó de 50.000 a 100.000 dólares, un incremento que busca incentivar la colaboración de la ciudadanía y dar un impulso a la investigación. Sin embargo, hasta el momento, los prófugos Jorge Antonio Salazar Oporto y Alexis Cortés Torres siguen sin ser localizados.
El caso también ha recurrido a nuevas tecnologías para avanzar en la búsqueda de los responsables. El abogado detalló que, en su momento, se publicaron afiches con las imágenes de los prófugos, pero esas fotos son anteriores a 2012, lo que hace difícil reconocerlos en la actualidad. Gracias a aplicaciones de actualización de identikit, las autoridades ahora tienen una mejor idea de cómo podrían lucir los fugitivos en el presente.
A pesar de los años transcurridos, la familia Aigo no pierde la esperanza de que los responsables sean localizados. El hijo de José Aigo, que también es policía, se mantiene firme en la lucha por encontrar justicia. “Mientras tengamos vida, no vamos a dejar de buscar a los culpables”, afirmó el abogado, subrayando que la familia sigue esperando que los prófugos sean atrapados y sometidos a juicio.
Respecto al avance de la investigación, las autoridades han mantenido la reserva sobre los detalles operativos. Por razones de seguridad, no se ha revelado el momento ni la estrategia exacta que se está utilizando para dar con los fugitivos. Sin embargo, el abogado enfatizó que el caso se sigue trabajando de manera constante desde 2012, a pesar de las dificultades y las complejidades inherentes a la investigación.
