La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, anticipó que en caso de ganar las elecciones indemnizará a las víctimas del ataque montonero registrado el 5 de octubre de 1975, contra el Regimiento de Infantería número 29, en la provincia de Formosa.

«Un acto de justicia», se titula el posteo que publicó en las redes sociales de la titular del PRO en uso de licencia.

Según precisó, busca poner fin a las demoras que calificó como «inexplicables» en las que incurrió el Gobierno.

«A 48 años del ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa, el 5 de octubre de 1975, me comprometo a llevar adelante el primer día de mi gobierno las medidas necesarias para indemnizar a las víctimas militares y civiles», expresó Bullrich.

En la misma línea, completó: «Este acto de justicia pondrá fin a tantas demoras inexplicables en las que incurrió este gobierno. Nosotros vamos a poner luz sobre la historia, reconociendo sin discriminar».

Si bien Bullrich no brindó detalles acerca de cómo lo llevará a cabo ni qué recursos destinará, se comprometió a cumplir la promesa luego de que el candidato libertario Javier Milei la acusara de haber formado parte de la agrupación Montoneros y de haber colocado bombas en un jardín de infantes.

Tras las acusaciones cruzadas en el marco de la campaña electoral, la aspirante presidencial de Juntos por el Cambio decidió denunciar penal y civilmente al diputado fundador de La Libertad Avanza.

Poco antes de abandonar el poder, el expresidente Mauricio Macri había dispuesto, el lunes 9 de diciembre de 2019,  una indemnización para los militares heridos y familiares de fallecidos durante el episodio.

El decreto 829/2019 fue emitido por el Ministerio de Defensa y publicado en el Boletín Oficial que indicaba que los herederos de los militares tendrían «derecho a percibir una indemnización sustitutiva del valor vida, equivalente a la remuneración mensual de los agentes de Nivel A, Grado 0 del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional».

Bajo la administración de Alberto Fernández, la compensación económica se mantuvo en stand by.