El abogado Mariano Mansilla, representante de un amplio grupo de damnificados por presuntas estafas inmobiliarias, anunció que pedirá formalmente la detención del exfuncionario provincial Jorge Salas. El motivo: “entorpecimiento de la investigación penal” en el marco de las múltiples denuncias contra la Cooperativa 127 Hectáreas, presidida por Salas.
“Estamos frente a un caso grave. Jorge Salas no solo está imputado por estafa, sino que ahora está presionando a testigos, despidiendo empleados clave e intentando manipular la causa desde afuera”, sostuvo Mansilla en una entrevista con Abel Rojas en Radio 7.
La cooperativa está bajo la lupa judicial por la venta anticipada de más de 800 lotes y 1400 viviendas que nunca fueron entregadas. Según explicó el abogado, existen contratos firmados por Salas que comprometían la entrega en plazos de 12 a 24 meses. Sin embargo, miles de familias siguen sin acceder a lo que pagaron, muchas veces con ahorros de toda una vida.
“Hay personas que pusieron 3 millones y medio de pesos en 2018. Tenemos los contratos firmados por Salas. No se entregaron ni lotes ni casas, y ahora se les quiere cobrar hasta los paredones”, detalló el abogado, quien además confirmó que las pruebas están siendo presentadas en sede penal y civil.
Mansilla advirtió que en los últimos días se conocieron nuevos intentos de Salas por interferir en la causa.
“Recorre despachos oficiales, presiona a los empleados para que no hablen, despidió a una exempleada que iba a declarar y que conoce cómo era el circuito del dinero. Incluso les dijo a sus empleados que no cuenten quién se llevaba la plata” afirmó el abogado.
En este contexto, el equipo legal que representa a los damnificados presentará entre lunes y martes el pedido formal de detención ante el Ministerio Público Fiscal. “Ya hay entre ocho y nueve testigos que van a declarar sobre estas maniobras. Lo que está haciendo Salas no solo es grave, sino incompatible con seguir en libertad durante la investigación”, afirmó Mansilla.
El abogado también recordó que la causa penal avanza con requerimientos de informes bancarios, documentación societaria, embargos e investigaciones sobre el destino del dinero. “Esto no es político, como él quiere instalar. Esto es penal, documental, concreto. Hay plata que entró y que no se ve en lotes ni en casas. Hay gente estafada y un acusado que no da explicaciones, sino que busca encubrirse”, concluyó.
Salas ya fue desafectado de su cargo como funcionario provincial tras las primeras denuncias. La causa, que involucra a más de 3000 personas afectadas, podría dar un giro decisivo en los próximos días si prospera el pedido de detención por entorpecimiento judicial.
