El informe elaborado por el equipo jurídico de la presidencia del Senado fue entregado anoche a las especialistas de la OEA y se difundió en su totalidad hoy, tras el encuentro que mantuvo la titular del Senado con la delegación del comité de expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi), a quienes presentó una investigación de 96 páginas que aborda y analiza con reproducciones de tapas de la revista Noticias, fotos de manifestaciones antikirchneristas y otros recursos las acciones de «hostigamiento mediático», de promoción del «discurso de odio», de «despersonificación» y «objetivación» de las que fue objeto en los últimos años.

El estudio fue recibido por la comitiva de mujeres de la OEA que integran la abogada peruana Huaita Alegre (presidenta), la especialista brasileña Leila Linhares Barsted, su par boliviana Lourdes Montero Justiniano y la psicóloga costarricense Sylvia Mesa Peluffo, quienes esta tarde encabezarán una rueda de prensa para difundir las conclusiones y recomendaciones preliminares sobre la violencia ejercida contra las mujeres que actúan en la vida política de Argentina.

La reunión de Cristina Kirchner con las expertas del organismo hemisférico se realizó anoche en el despacho de la Presidencia del Senado; y participaron también la secretaria técnica de Mesecvi, la abogada venezolana Luis Patricia Mejía Guerrero, y la responsable de comunicación, la periodista y politóloga colombiana Tatiana Bensa.

Al finalizar el encuentro, la Vicepresidenta difundió un video desde sus redes para informar que había entregado el informe en el que desarrolló las «violencias ejercidas» en su contra, al igual que «el intento de magnicidio, o de asesinato».

«Es difícil hablar de estas cosas en primera persona pero, bueno, las cosas sucedieron y no se pueden ocultar», confió, y compartió el relevamiento recibido por las integrantes de Mesecvi, que se titula «Informe sobre violencias ejercidas contra Cristina Fernández de Kirchner. El intento de magnicidio en su contra».

El documento, al referirse al intento de asesinato llevado a cabo por Fernando Sabag Montiel y su novia Brenda Uliarte el 1º de septiembre, lo encuadra como «el hecho de mayor violencia política desde el retorno de la democracia» y recuerda que «se transmitió en vivo» con imágenes que se «viralizaron» en todo el mundo.

«El arma, el ruido de la misma cuando se gatilla y la cercanía al rostro de Cristina Fernández de Kirchner, activaron las más sonoras alarmas democráticas», remarca el estudio, pero luego se remonta a episodios anteriores de intimidación y violencia dirigidos a la Vicepresidenta para demostrar que hubo una serie de acciones in crescendo.

En ese sentido, la investigación exige «no olvidar que la escalada en la violencia política derivó en un ataque concreto y directo a nuestra democracia».

El texto hace también un recorrido de «la escalada de violencia por motivos políticos y de género hacia Fernández de Kirchner a lo largo de sus mandatos», que buscó deshumanizarla para así «justificar e incentivar cualquier tipo de agravio, injuria o ataque en su contra».

Además, el informe denuncia que la Vicepresidenta «es la política más acosada mediáticamente de la historia de nuestro país» y propone a modo de prueba revisar «ciertos ejemplares de la revista Noticias», de la editorial Perfil, «para dar cuenta de la grotesca, violenta y explícita misoginia ejercida» contra ella.

En ese sentido, se reproducen 18 portadas del semanario periodístico que, de manera insistente, mostraban la imagen de Cristina Kirchner en situaciones imaginarias vinculadas a la faceta íntima como también a presuntas enfermedades, o incluso en escenas que remitían a la idea del suicidio o la muerte, pero en todos los casos haciendo foco en su condición de mujer.

«Utilizando herramientas propias del campo de la semiótica social visual para analizarlas, podemos advertir las referencias utilizadas», advierte el texto en el que luego se denuncia la «construcción de su figura política» atravesada por «los estereotipos de género de orientación sexista y misógina».

En relación a esas ediciones de Noticias, el documento subraya que se mostraba a la entonces Presidenta «en claras posiciones que ostentaban connotaciones sexuales, demonizando que fuese una mujer la que ejerciera la Presidencia de la Nación, lo que implicó un claro ataque a su condición de género».

Además, el trabajo detalla que el tratamiento periodístico dedicado a Cristina Kirchner lleva a «pensar en la relación existente entre determinados monopolios mediáticos y la democracia», por lo que pide «reflexionar sobre la representación y el imaginario social que se construye desde determinados monopolios de comunicación».

«La figura pública de la Vicepresidenta se construyó mediáticamente a partir de discursos de odio que por dos décadas la caracterizaron como un personaje grotesco, cruel, tirano y corrupto, lo que implicó la negación de su humanidad», sintetiza la investigación, para finalmente plantear que de ese modo «se construyó un escenario idóneo para dar lugar a agresiones en su contra, que fueron escalando».

Al llegar a ese punto, el informe recibido por las expertas de la OEA enumera antecedentes violentos del intento de asesinato, como «la vandalización» de esculturas con su figura, «el ataque a su despacho en el Senado de la Nación» del 10 de marzo de 2022, así como «los incidentes en el Instituto Patria» registrados el 21 de julio también de 2022, cuando manifestantes antikirchneristas arrojaron basura y patearon las puertas de la sede de la calle Rodríguez Peña ante la inacción de la Policía de la Ciudad, como quedó registrado en varios videos.

En el análisis de 96 páginas se advierte también sobre «la impunidad procurada desde el Poder Judicial a todos los ataques» que se dirigían a Cristina Kirchner.

En materia judicial, la investigación cuestiona el accionar de Comodoro Py al advertir sobre «la falta de investigación para procurar la impunidad del intento de magnicidio» y la «manifiesta parcialidad de la jueza (María Eugenia) Capuchetti».

Finalmente, el informe considera que en la embestida contra la Vicepresidenta «se tejió una alianza espuria, ilegal y mafiosa entre medios de comunicación, sectores políticos y del poder real y ciertos sectores muy poderosos del Poder Judicial», para coordinar «una feroz persecución política desde los estrados judiciales» dirigida contra «Fernández de Kirchner, su familia y sus funcionarios».

«No solo está demostrado que el atentado fue realizado con la asistencia en la planificación de un grupo político violento y fascista financiado por el empresario más cercano a (Mauricio) Macri», dice el informe en referencia a Nicolás Caputo.

Y agrega que «no solo está demostrado que un diputado nacional de esa fuerza política (por Gerardo Milman) sabía que se realizaría el atentado y había participado desde el Congreso de la Nación para asegurar que el mismo tuviese éxito, sino que también se encuentra demostrado que la jueza a cargo de la investigación (por Capuchetti) recibía dinero de ese mismo espacio político a través de contratos laborales falsos y ficticios, lo que claramente explica la paralización de la causa».

«Las denuncias en sede nacional ya no alcanzan, porque la degradación institucional de estos sectores mafiosos de poder es muy profunda y generalizada», concluye el texto y agrega que «es necesario acudir a organismos internacionales» para «solicitar así su pronta e inmediata intervención».