Combate a la droga: La Policía secuestró más de 100 kilos en los últimos meses

La provincia del Neuquén continúa firme en su lucha contra el narcotráfico. A través del ministerio de Seguridad incrementó los operativos de control y prevención de la venta minorista de droga en toda la provincia, logrando significativos resultados en el secuestro de cocaína, cannabis y otras sustancias ilegales, así como en la incautación de armas […]

La provincia del Neuquén continúa firme en su lucha contra el narcotráfico. A través del ministerio de Seguridad incrementó los operativos de control y prevención de la venta minorista de droga en toda la provincia, logrando significativos resultados en el secuestro de cocaína, cannabis y otras sustancias ilegales, así como en la incautación de armas de fuego.

En los últimos meses, la Policía del Neuquén llevó adelante un total de 583 allanamientos en distintas localidades, con la colaboración de fiscalías y entidades que trabajan en conjunto para desarticular las redes de distribución de estupefacientes.

Gracias a esta labor coordinada, se decomisaron 53,2 kilogramos de cocaína y 64 kilogramos de cannabis, impidiendo su circulación en las calles y reduciendo su impacto en sectores vulnerables. Además, las fuerzas de seguridad incautaron 490 armas de fuego y municiones, así como 88,3 millones de pesos, producto de actividades ilícitas.

Estos operativos dieron como resultado identificar a 706 personas implicadas en diversas actividades criminales.

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La importancia de desfederalizar
En el ámbito provincial se creó el Consejo Estratégico de Implementación (CEI), un paso fundamental hacia el traspaso de las causas por narcomenudeo a la órbita de la Justicia Provincial, que hoy tramitan en el Fuero Federal.

La decisión implica el traspaso de las investigaciones por comercialización y distribución de drogas para el consumo al sistema penal provincial, mediante la adhesión a la Ley Nacional 26.052.

Entre sus finalidades, el CEI se encarga de realizar planes de capacitación para operadores judiciales y fuerzas de seguridad; analizar la legislación comparada; evaluar otros modelos ya implementados; gestionar recursos para las investigaciones y reestructurar los aspectos que resulten necesarios para el funcionamiento en cada ámbito.

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