En una nueva jornada judicial relacionada con la estafa de planes sociales que involucra al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Neuquén, la atención se centró en la audiencia sobre las prisiones preventivas de Ricardo Soiza, Néstor Pablo Sanz y Marcos Ariel Osuna. Los tres imputados, tras permanecer detenidos desde el 10 de julio pasado, enfrentaban el vencimiento del plazo de su prisión preventiva.

Ante este escenario, la fiscalía presentó una solicitud ante la jueza Estefanía Saulí, requiriendo una prórroga de la medida cautelar por seis meses, argumentando la persistencia de riesgos que podrían entorpecer la investigación.
El fiscal Pablo Vignaroli contó en Radio 7 que «fue una audiencia importante la de hoy porque tenía que ver si estas tres personas continúan esperando el juicio con preventiva o en libertad o tambien prision domiciliaria. Lo que vimos es que Sanz no fue una declaración que aportara novedades».

El giro inesperado en la audiencia fue proporcionado por Guillermo Meza, un nuevo arrepentido que compareció el miércoles en la fiscalía. Meza, padre de un imputado homónimo, reveló detalles que complican la situación de Néstor Pablo Sanz. Según su testimonio, Sanz le alquilaba autos de manera irregular y lo contrató para trabajos en un barrio privado de Plottier, donde Valeria Honorio estaba construyendo su casa.

Meza afirmó que Sanz le entregó 1.7 millones de pesos para materiales y le pagó 100,000 pesos mensuales. La fiscalía actuó con celeridad, obteniendo los contratos en tiempo récord y convocando a la administradora del barrio privado, quien confirmó los detalles proporcionados por el nuevo arrepentido.

Guillermo Meza, al declarar sin juramento de decir verdad pero con asesoría legal, será imputado en la causa como partícipe de la estafa. La fiscalía, dirigida por Vignaroli, reconoció que existió una «expectativa conversada, nunca comprometida» de otorgarle la prisión domiciliaria a Sanz. Sin embargo, debido a la falta de colaboración del arrepentido, la fiscalía decidió solicitar la extensión de la prisión preventiva, informando anticipadamente al defensor Palmieri sobre esta decisión el miércoles. La jueza Estefanía Saulí deberá tomar una determinación respecto a la prórroga solicitada.