El concejal Jonathan Lagos explicó a Radio 7 que “tras un juicio político a la ex jueza de Faltas municipal se descubrieron anomalías en dos contratos firmados en 2021 y 2022 con las mencionadas empresas”. Estos contratos, destinados a gestionar el cobro de multas de tránsito, habrían finalizado el 30 de noviembre pasado, tras recibir una carta documento por incumplimiento. Sin embargo, a pesar de la finalización contractual, el actual intendente, Gonzalo Núñez, firmó estos contratos en junio, lo que ha sido calificado por los concejales como un abuso de autoridad.

“Se rescindieron los contratos por incumplimiento. El intendente envió las cartas documentos, y estas empresas dejaron de prestar servicios. Sin embargo, se firmaron nuevas arendas sobre contratos que ya no existían, lo que constituye una nulidad del acto público“, declaró Lagos a Radio 7.

Según los concejales, la denuncia penal se enfoca en administración fraudulenta y abuso de autoridad, además de la gestión irregular de las multas que afectan a miles de automovilistas, tanto de la localidad como de otras partes de la provincia. Los concejales Lagos y Luis Vázquez indicaron que la situación no solo involucra al municipio, sino también a las empresas contratistas, que no cumplieron con las rendiciones de cobro y notificaciones requeridas.

Además, se confirmó que las multas emitidas desde el 10 de diciembre en adelante no son válidas, ya que no existe relación contractual vigente con las empresas de radares. “No hay ninguna empresa regulando las infracciones en este momento, por lo tanto, las notificaciones son ilegales“, afirmó el concejal Lagos.

En cuanto a las acciones que tomarán los concejales, se anunció que a partir de la próxima semana abrirán un espacio de atención para los vecinos afectados. Aquellos que ya hayan pagado las multas podrán presentar un recurso de amparo para solicitar la devolución del dinero, mientras que quienes aún no lo hayan hecho podrán solicitar la anulación de las infracciones.

El conflicto también implica un perjuicio económico para el municipio, que ahora podría verse obligado a reembolsar grandes sumas de dinero a los ciudadanos afectados. “Este daño lo pagaremos todos los contribuyentes”, lamentó Lagos, quien también adelantó que la denuncia no solo apunta al municipio, sino también a las empresas Fluxar y Neural Tech por su incumplimiento contractual.

Sin respuestas

Según los concejales, la gravedad de la situación radica en que ni el intendente, ni ninguna otra autoridad municipal han respondido a los múltiples pedidos de informes solicitados por el Concejo Deliberante. “Hemos agotado la vía administrativa, pero no hemos recibido respuestas claras”, expresó Lagos, quien también mencionó que la falta de transparencia en la gestión de los contratos es un acto de corrupción a viva voz.

El caso ha generado gran preocupación en la localidad, ya que, según datos preliminares, podría haber un faltante de hasta 700 millones de pesos derivados de estas irregularidades. Aunque esta cifra aún no está completamente documentada, Lagos aseguró que las investigaciones continúan, y que se presentará toda la información necesaria ante la justicia federal y provincial.

Ante la magnitud de las denuncias, los concejales instaron a los ciudadanos a estar atentos a las redes sociales oficiales, donde en los próximos días se informarán los detalles del proceso de presentación de reclamos. El concejal Lagos adelantó que las demandas podrían extenderse a otras provincias, ya que la Ruta Provincial 7 es transitada por personas de diversas regiones.

Finalmente, Lagos subrayó que la responsabilidad principal recae en el municipio, pero que las empresas tampoco quedan exentas de culpa. “Vamos a seguir trabajando para garantizar que este fraude no quede impune”, concluyó.