El Tribunal Oral Federal (TOF) de Bahía Blanca, integrado por los jueces Sebastián Luis Foglia, Ernesto Sebastián y José Mario Triputti, condenó a Juan Ignacio Rojas, de 32 años, a la pena de 7 años y seis meses de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarlo autor penalmente responsable del delito de «abuso sexual, con acceso carnal».
Fuentes judiciales indicaron a la agencia Télam que «el suboficial fue procesado sin prisión preventiva y que la condena se hará efectiva una vez que quede firme, por lo que deberá cumplir con ciertos requisitos dispuestos».
Según la investigación judicial, el hecho ocurrió cuando Rojas, quien se desempeñaba como cabo, se hallaba junto a una soldado voluntaria en momentos en que compartían un descanso en la base de apoyo logístico del Ejército Argentino ubicada en la localidad bonaerense de Pigüé en la tarde del 9 de septiembre del 2018.
«Tras compartir un almuerzo, la soldado voluntaria se retiró a un cuarto de descanso ubicado a metros de la guardia, lugar en el que también se había dirigido Rojas con el fin de descansar», agregó un investigador.
Según se precisó, en dicho lugar fue que el suboficial aprovechó la situación para cometer el abuso sexual en contra de la voluntad de su subordinada, quien en todo momento se negó a participar de dicha situación.
«Tras el hecho, la soldado se retiró del lugar y tomó nuevamente su puesto de guardia hasta que fue relevada el día siguiente», agregaron las fuentes al indicar que «no les contó a sus compañeros sobre lo sucedido, debido a que no quería quedar expuesta y por el temor de que no le creyeran».
Posteriormente, la víctima alertó a sus superiores por el hecho y se radicó una denuncia ante la comisaría de la Mujer y la familia de Pigüé, situación por la cual comenzó una investigación por parte de la justicia provincial que luego la derivó al Federal.
Tras el episodio, el Ejército Argentino dispuso separar de sus funciones al suboficial acusado e inició las correspondientes actuaciones administrativas.
En el marco del fallo, el Tribunal Oral Federal además le impuso al cabo -hasta la firmeza de la sentencia- que se someta al control del Patronato de Liberados bonaerense, fijar un domicilio, abstenerse de mantener contacto y de acercarse a la víctima a menos de 200 metros de distancia, y la prohibición de salida del país, entre otros requisitos.
