El Tribunal Oral de Santa Rosa condenó a la pena de cinco años de prisión al ex intendente y actual concejal de Colonia 25 de Mayo, David Bravo, y a la dueña del prostíbulo que funcionaba con los nombres “Venus” y “Karibian”, Nurys Caraballo Castillo, por el delito de trata de personas.

Además, el Tribunal, integrado por los jueces Pablo Díaz Lacava, José Tripputi y Marcos Aguerrido, dictó la absolución del ex comisario Miguel Ángel Oyarce, quien había sido acusado por el delito de encubrimiento agravado.

A Caraballo Castillo, el Tribunal la consideró autora y a Bravo, partícipe necesario, del delito de trata de personas cometido en perjuicio de más de tres víctimas en la modalidad de acogimiento de mujeres mayores de 18 años mediando abuso de su situación de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual, mediante el facilitamiento y obtención de provecho económico de su comercio sexual.

Los hechos juzgados, según informó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, ocurrieron entre el 16 de diciembre de 2011 y el 6 de octubre de 2012, en la localidad pampeana de Colonia de 25 de Mayo.

Los magistrados, que darán a conocer mañana viernes los fundamentos de la sentencia, declararon prescripto el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público respecto a Bravo. Y de esta manera, no le aplicaron la pena de inhabilitación por tres años para el ejercicio de cargos públicos que había requerido la fiscal a cargo de la causa.

La investigación se inició el 13 de diciembre de 2011, a raíz de una denuncia realizada en la Delegación La Pampa de la Dirección Nacional de Migraciones, cuando una joven de origen dominicano que se comunicó telefónicamente dijo que se había escapado de un cabaret ubicado en la ciudad pampeana de Colonia 25 de Mayo.

La mujer relató que había sido maltratada y amenazada por parte de los dueños del prostíbulo, que allí había otras mujeres en la misma situación y que una de ellas se encontraba embarazada.

Tal como indicó el empleado que recibió la denuncia, la mujer explicó que no había avisado a la Policía «porque sabían todo” y que, cuando iba el jefe de la municipalidad al cabaret, “le daban mil pesos y él firmaba”.

Como consecuencia de las tareas investigativas, el 16 de diciembre de 2011 se allanó el local nocturno y durante el operativo se constató la presencia de diez mujeres: nueve de nacionalidad dominicana y una argentina. Además, se pudo corroborar que dentro del mismo predio donde se encontraba el cabaret había habitaciones y varias camas, donde vivían las mujeres y se realizaban los “pases”.

La mujer identificada como la encargada del local aportó la habilitación municipal correspondiente, que llevaba la firma del intendente Bravo, bajo el rubro de “cabaret”, y el documento establecía como propietaria del lugar a Nurys Caraballo Castillo.

Sin embargo, una ordenanza municipal, fechada el 3 de septiembre de 2010 y con la firma del intendente Bravo, prohibía “la habilitación de cabarets, whisquerías, clubes nocturnos y night clubs” en Colonia 25 de Mayo debido a que “han encubierto el delito de trata de personas, violando la Ley de Profilaxis, que prohíbe los prostíbulos en todo el país”.

El 2 de febrero de 2012, Bravo, Caraballo Castillo y la encargada del local fueron llamados a indagatoria, pero por conflicto de competencia se demoró el avance de la causa y el 4 de junio del mismo año la Fiscalía Federal de Santa Rosa dio intervención a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), y los sospechados recien fueron convocados a declaración indagatoria el 11 de octubre de 2013.

En agosto de 2014, Bravo fue imputado por haber permitido el funcionamiento del prostíbulo investigado a pesar de existir una ordenanza -que lleva su propia firma- que prohíbe “la habilitación de cabarets, nights clubs, whiskerías, etc. dentro del territorio de 25 de Mayo”, y recién en noviembre de 2020, la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Santa Rosa requirió la elevación a juicio de la causa.

Se informó además, que en marzo de 2013, Bravo había sido condenado por la justicia provincial a siete meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial por catorce meses para su desempeño en el ejercicio de cargos públicos, por abuso de autoridad en el marco de otro caso de trata de personas, y en julio de 2014, el Tribunal de Impugnación confirmó la condena.