La reciente advertencia oficial sobre la posibilidad de cortes de energía eléctrica durante el próximo verano encendió las alarmas en diversos sectores económicos de Argentina.
La Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) se hizo eco de estas advertencias con un fuerte llamado de atención sobre la situación crítica que atraviesa el país en términos de infraestructura energética.
El informe de la ENAC asegura que la falta de energía eléctrica no sería un problema si las represas de la Patagonia estuvieran en funcionamiento.
Consecuencias
ENAC señala que el escenario de cortes programados no solo implica una interrupción en el suministro de energía, sino que también conlleva repercusiones económicas severas. La conexión de diversas cadenas de valor -como la industria alimentaria y la salud- hace que la falta de energía se traduzca rápidamente en pérdidas productivas. En una economía interconectada, los efectos de estos cortes no se limitan a las empresas afectadas directamente; el impacto se siente en toda la economía, elevando los costos operativos y, en última instancia, los precios al consumidor.
Además, los tarifazos en servicios de energía y gas, considerados inflacionarios y confiscatorios, añaden otra capa de complejidad. Estas políticas afectan no solo a los consumidores, sino que también deterioran la rentabilidad de las empresas, que deben lidiar con costos crecientes y una inestabilidad que limita su capacidad para planificar a largo plazo.
Las represas, la clave
El hecho de que la construcción de represas en la Patagonia, crucial para garantizar un suministro energético sostenido, se haya visto obstaculizada por decisiones políticas y lobby, refleja un enfoque a corto plazo en la gestión de recursos energéticos. Esta situación ha sido interpretada por ENAC como una causa directa del potencial colapso energético, que afectaría gravemente a las cadenas de producción y valor en el país.
Además de la importancia fundamental de las represas, el informe de la ENAC señala la necesidad de priorizar la inversión en infraestructura energética. Esta fuerte crítica a la política energética de las últimas décadas no se queda ahí y remarca que la incapacidad de garantizar un suministro energético constante pone en jaque no solo a las empresas, sino también a la sociedad en su conjunto.
