El análisis realizado por el organismo que dirige Guillermo Michel encontró que la firma en cuestión no podía explicar razonablemente la forma en que había adquirido la mercadería que comercializa y determinó que no cuenta con respaldo patrimonial, logístico, económico ni financiero para su volumen de exportaciones.

Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas-AFIP constataron que el domicilio fiscal declarado por la exportadora era una vivienda familiar sin indicio alguno de que en allí se desarrollara una actividad comercial.

Asimismo, el domicilio de producción que tenía registrado era un terreno no cultivado que, incluso, se encontraba a la venta por parte de otro contribuyente ya determinado como apócrifo.

En efecto, la Aduana denunció a la empresa ante el Juzgado Federal número 1 de Mendoza. Esa provincia era la plaza de salida de sus exportaciones que, en su corto tiempo de actividad, llegaron a 700 toneladas de ajo.

Pese a ello, ante los requerimientos de la Dirección General de Aduanas, la firma no pudo presentar facturas de compra de la mercadería ni evidencia de poseer personal en relación de dependencia.

Llamativamente, su actividad comercial hasta hace poco era la venta de indumentaria. Por todo esto se presume que la empresa es solo una pantalla para ocultar a los verdaderos exportadores y evitar la liquidación de dólares.

Precisamente, habiendo vencido el plazo establecido por el BCRA para el ingreso de divisas, no surge registro de pago en contraprestación de la exportación del ajo para ninguna de las exportaciones realizadas.

Mientras la causa judicial avanza, la firma ya integra la base de contribuyentes no confiables del organismo.