Un reciente informe elaborado por la Jefatura de Gabinete confirmó que las represas hidroeléctricas de Neuquén y Río Negro continuarán siendo gestionadas exclusivamente por el Estado nacional. Este dictamen, basado en un exhaustivo análisis jurídico, descartó cualquier posibilidad de transferir su control a las provincias, a pesar de los reiterados pedidos de mayor participación en la gestión y los beneficios derivados de estas instalaciones.

Un marco legal que concentra el poder en Nación

El informe se fundamenta en la Ley 15.336, que otorga al Estado nacional la facultad de gestionar los recursos energéticos estratégicos, y en los artículos 75 inciso 13 y 31 de la Constitución Nacional, que refuerzan la primacía de las leyes federales y la regulación del comercio interjurisdiccional. Estos argumentos consolidan la postura nacional de mantener el control centralizado sobre las represas, pese al reclamo de las provincias.

Descontento en Neuquén y Río Negro

Las provincias de Neuquén y Río Negro expresaron su malestar ante esta decisión. Ambas jurisdicciones habían solicitado al gobierno nacional una mesa de diálogo para discutir el futuro de las represas, pero sus pedidos no fueron atendidos. Según manifestaron fuentes provinciales, el objetivo no solo era acceder a la gestión, sino también a una mayor proporción de los beneficios económicos que generan estas centrales estratégicas.

El rechazo a las demandas de las provincias abre un nuevo capítulo en el histórico debate sobre la descentralización y la federalización de los recursos energéticos en Argentina. Para Neuquén y Río Negro, esta decisión representa un retroceso en sus aspiraciones de mayor autonomía y beneficios por los recursos que se encuentran en sus territorios.