La Legislatura de Neuquén decidió este jueves suspender por 30 días a la vicegobernadora Gloria Ruiz, en el marco de una investigación por presunto fraude a la administración pública y peculado. La resolución contó con 29 votos a favor y 5 abstenciones, sin ningún voto negativo, evidenciando la gravedad de los hechos en cuestión.

Durante la sesión, se creó una comisión investigadora, conforme lo establece la Constitución provincial. Este cuerpo tendrá el propósito de analizar los antecedentes del caso y elaborar un informe que será remitido a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Este último organismo notificará a Ruiz para que ejerza su derecho a defensa.

Coggiola también señaló que, pese a las tensiones políticas habituales, este proceso responde exclusivamente a las denuncias judiciales y no a disputas internas con el gobernador. “Esto está previsto en la Constitución y no implica un juzgamiento, sino una investigación seria y ajustada a derecho”, enfatizó.

Las acusaciones contra la vicegobernadora incluyen manejos irregulares de fondos públicos, como la creación de plazos fijos con dinero estatal, la compra de vehículos y la designación de empleados cuyos salarios habrían sido desviados. Además, se la vincula con un intento de aumentar discrecionalmente el presupuesto destinado a subsidios, pasando de 134 millones a 6.900 millones de pesos en un año.

Mientras dure la suspensión, la presidenta primera de la Legislatura, Zulma Reina, asumirá la conducción del cuerpo legislativo, como lo prevé la línea sucesoria. En este sentido, Coggiola destacó que la actividad legislativa continuará sin inconvenientes.

Ruiz, por su parte, ha rechazado las acusaciones y calificó el proceso como un acto de persecución política. Sin embargo, Coggiola recordó que la vicegobernadora previamente había separado de su cargo a su hermano, Pablo Ruiz, para facilitar investigaciones en su contra, aplicando un criterio similar al que ahora se utiliza en su caso.

El próximo paso en este proceso será el análisis del informe elaborado por la comisión investigadora. En función de los resultados, la Legislatura podría decidir la separación definitiva de Ruiz del cargo o permitirle continuar sus funciones.

Este caso, que ha generado amplio interés en el ámbito local y nacional, refleja la importancia de los mecanismos institucionales para abordar denuncias de corrupción y garantizar la transparencia en la gestión pública.