Este miércoles representantes de las organizaciones de la sociedad civil de nuestro país presentaron el Informe Alternativo sobre la situación de las personas con discapacidad en Argentina, ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

La delegación conformada por Gabriela Troiano, de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Redi), Juan Cobeñas y Elena dal Bo, de Asociación Azul, Mariana Gandolfo, de la Mesa de Trabajo en Discapacidad y DDHH de Córdoba, Fabian Murúa, del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y Matías Ferreyra, de la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes (Faica), presentó en la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra el documento que resume el panorama de la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en nuestro país.

La exposición se realizó en el marco de la 28º Sesión del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU; evento que tiene el examen periódico a la Argentina como tema central de agenda.

En 15 años desde la ratificación de la Convención, ésta es la tercera vez que nuestro país “rinde examen” frente al Comité. En el año 2012 este órgano internacional había emitido un primer documento con observaciones y recomendaciones a nuestro país.

El informe presentado ayer por la sociedad civil advierte que los avances desde entonces han sido exiguos y que la mayoría de aquellas recomendaciones no han sido cumplidas.

Aspectos centrales del informe

El informe alterno evidencia un importante esfuerzo de redacción colectiva. Con la coordinación de Redi, fue elaborado por una coalición de 26 organizaciones de personas con discapacidad, organizaciones de derechos humanos y equipos académicos de seis universidades públicas nacionales. Reporta la situación de las personas con discapacidad atravesando todo el articulado de la convención, para el período 2018 al 2022.

La falta de acceso a la educación inclusiva, las barreras a la participación política de las organizaciones de personas con discapacidad, el incumplimiento del cupo laboral, son algunas de las referencias centrales del documento.  En el ámbito de la desinstitucionalización, el incumplimiento de la meta del 2020 sin manicomios y la grave situación de miles de niños y niñas con discapacidad viviendo en instituciones, resaltan como deudas históricas con poblaciones fuertemente vulneradas por los contextos en que viven.

En contextos de internaciones, las vulneraciones a los derechos más básicos, afectan desproporcionadamente a mujeres con discapacidad, quienes sufren habitualmente situaciones de abuso sexual y violencias de todo tipo. Los servicios e instituciones para personas con discapacidad siguen reproduciendo el modelo médico. No se generan de manera igualitaria apoyos para la vida independiente.

El informe también denuncia las condiciones de participación y consultas a organizaciones de discapacidad en el diseño de políticas públicas. El proceso en torno al anunciado proyecto de Ley Nacional de Discapacidad emerge como un ejemplo de falta de accesibilidad, en los formatos de participación habilitados, como en los efectos reales que la consulta tuvo: no hubo devolución escrita, ni claridad sobre cómo se utilizaron los aportes y las opiniones en las audiencias, y tampoco hasta el momento se conoció públicamente un anteproyecto.  Sin embargo, el Director de la Agencia Nacional de Discapacidad llevó los aportes de la Sociedad Civil al Papa, malgastando dinero público.

También se recordó que desde 2016 se dieron de baja miles de pensiones, muchas de las cuales se fueron recuperando a partir del cambio de gobierno nacional y producto de la Acción colectiva de la REDI. Recientemente se introdujeron algunas reformas marginales a la norma que reglamenta esta prestación, sin embargo, no se han modificado los aspectos más regresivos de esta política, que el informe enumera: el monto que se otorga es insignificante y no alcanza a cubrir las necesidades básicas, continúa basándose en un criterio de “invalidez laboral” y marcando incompatibilidad con el empleo y con el programa Potenciar Trabajo, así como con el programa acompañar que asiste a mujeres en situación de violencia. También mantiene la incompatibilidad con otros ingresos familiares, sosteniendo la obligación alimentaria de las familias.  El país se pierde de esta manera, la oportunidad de una reforma progresiva, que transforme la anticuada “pensión por invalidez”, en un ingreso por discapacidad cuyo objetivo sea el de promover la autonomía y reparar el daño por las múltiples barreras no resueltas.

El informe también observó que las políticas públicas durante la pandemia carecieron de perspectiva de discapacidad. Por ejemplo, en la exclusión de las personas con discapacidad a ser consideradas beneficiarias del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la tarjeta Alimentar. Contradictoriamente, el propio Estado, a través del Ministerio de Salud, ubicó a las personas con discapacidad como grupo de riesgo.

El acceso a la Certificación sigue siendo una falencia, que repercute en un déficit en la producción de información estadística: de aproximadamente seis millones de personas con discapacidad sólo un millón y medio posee certificado. Sumado a esto, en el último censo sólo se registró la cantidad de hogares con personas con discapacidad, y no se avanzó a recabar información interseccional.

Intersecciones y políticas públicas transversales

El informe puso un especial foco en la falta de incorporación de la perspectiva de la discapacidad y accesibilidad en las políticas de salud, educación, así como de derechos de niñez y género: el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género, por ejemplo, resultan inaccesibles para las mujeres con discapacidad, y muchos derechos de niños y niñas con discapacidad se judicializan a través de acciones de amparo para garantizar la asistencia adecuada a la discapacidad de las infancias: escolarización, transporte, ortesis y prótesis, maestras de apoyo, entre otras.

La infame separación de madres con discapacidad en situación de pobreza, de sus hijos e hijas con el argumento que no podrían cuidarlos debidamente, es señalada en el informe como una marca dolorosa de un Estado que vulnera derechos; en lugar de garantizarlos, disponiendo de apoyos y acompañamientos (asistentes, tecnologías de apoyo, etc.) que promuevan el desarrollo, la autonomía, la interdependencia y el derecho a la maternidad, de las mujeres con discapacidad.