Neuquén se prepara para un juicio oral y público que comenzará el próximo 21 de julio y se extenderá hasta septiembre, en el que 15 personas enfrentarán cargos por presuntas estafas millonarias con planes sociales. La causa, que investiga el desvío de fondos públicos destinados a subsidios por desempleo, marca un hito en la lucha contra la corrupción en la provincia, tras años de pesquisas y controversias.
Quince imputados, entre exfuncionarios y particulares, serán juzgados por integrar una asociación ilícita que, según la fiscalía, operó entre septiembre de 2020 y julio de 2022. El tribunal, integrado por los jueces Luciano Hermosilla, Juan Kees y Juan Guaita, evaluará las acusaciones de fraude a la administración pública y uso indebido de tarjetas de débito, en un caso que involucra 9.303 operaciones fraudulentas.
La fecha del juicio fue confirmada tras una audiencia ordenatoria realizada este jueves, en la que la fiscalía y las defensas acordaron el cronograma. El proceso se llevará a cabo en la sala 12 de la Ciudad Judicial de Neuquén, la de mayor capacidad, reservada habitualmente para juicios por jurados, debido a la magnitud de la causa y la cantidad de testigos previstos.
Más de 200 testigos fueron propuestos inicialmente por la fiscalía, aunque la lista definitiva se redujo a 211, según resolvió la jueza Carina Álvarez. Entre ellos figuran figuras clave como el actual ministro de Trabajo, Lucas Castelli, la exministra Adriana Figueroa y gerentes del Banco Provincia de Neuquén, cuyos testimonios buscarán esclarecer el destino de los fondos desviados.
El Ministerio Público Fiscal, liderado por Juan Narvaez y Pablo Vignaroli, sostiene que la organización delictiva operaba con una estructura piramidal. En la cima, exfuncionarios como Ricardo Soiza, Néstor Sanz y Marcos Osuna habrían diseñado la maniobra, mientras que niveles inferiores se encargaban de reclutar beneficiarios ficticios y extraer el dinero mediante cheques y tarjetas.
Un monto histórico de $153.777.900 fue desviado, según la investigación, lo que equivale a unos $941 millones ajustados a valores actuales. La fiscalía alega que parte de esos fondos pudo haber financiado campañas políticas del Movimiento Popular Neuquino (MPN), aunque este punto sigue sin pruebas concluyentes y será un eje central del debate.
La causa, conocida como “Estafa con Planes Sociales”, comenzó tras la denuncia de un beneficiario en 2022, quien alertó que su cuenta había sido vaciada sin su consentimiento. Desde entonces, el caso destapó un entramado de corrupción que involucró a empleados del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo, además de colaboradores externos.
A pesar de los avances, el juicio enfrenta desafíos: el abogado imputado Alfredo Cury recusará al juez Guaita, argumentando falta de imparcialidad por su pasado en el MPN. Este planteo podría retrasar o modificar la integración del tribunal, aunque por ahora el cronograma se mantiene firme para iniciar en julio.
