El oficialismo de la Cámara de Diputados logró hoy aprobar la resolución para declarar la admisibilidad de la investigación de los pedidos de juicio político contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema.

Con 16 firmas sobre un total de 31 en la comisión de Juicio Político, el Frente de Todos dio un paso clave y el jueves que viene comenzará la etapa de la producción de la prueba, que incluirá la citación a testigos y de los propios acusados.

En la próxima reunión informativa, de todos modos, no está prevista la presencia de testigos sino que se pasará en limpio la metodología y el cronograma de trabajo.

Juntos por el Cambio presentó una resolución propia de «rechazo in limine» a la declaración de admisibilidad de los pedidos de juicio político a la Corte, aunque allí mencionaron únicamente a 12 de los 14 expedientes.

No casualmente dejaron afuera los pedidos de juicio político que la Coalición Cívica impulsa desde el 2017 contra Ricardo Lorenzetti por el manejo discrecional de recursos extrapresupuestarios y concentración de poder cuando era presidente de la Corte Suprema.

A los representantes de la Coalición Cívica se los vio durante todo el debate defendiendo una posición incómoda, despegándose del oficialismo e intentando que no se note demasiado las diferencias de criterio con el resto del interbloque opositor, que no apoyan ninguno de los 14 pedidos de juicio político a los magistrados.

Tras la lectura del informe de la presidencia recomendando la apertura del sumario de investigación en base a las semipruebas presentadas en los expedientes, tomó la palabra el vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López (Coalición Cívica) para fundamentar «el rechazo in limine» a la declaración de admisibilidad de los pedidos de juicio político a la Corte.

Para el diputado opositor, el juicio político a la Corte Suprema que impulsa el oficialismo es «una maniobra orquestada de manera muy torpe, rudimentaria y burda» sobre la base de «acusaciones falsas», y afirmó que lo que les molesta es el contenido de las sentencias».

«La avanzada contra la Corte y este proceso que se va a votar en paquete tiene entre sus mas patéticos antecedentes el alzamiento que el presidente (Alberto Fernández) y un grupo de gobernadores cometieron en diciembre del año pasado después de la cautelar que dictó la Corte por el tema coparticipación y es un acto directamente destituyente porque intenta alterar el orden democrático», arrancó.

Luego aclaró que esta posición conjunta de Juntos por el Cambio no tiene «ninguna contradicción en relación a nuestra decisión» como Coalición Cívica de impulsar un expediente contra uno de los magistrados», en alusión a Lorenzetti, «porque son causas previas, que no tienen que ver con el contenido de sus sentencias». .

Según dijo, el juicio político que promueve el Frente de Todos contra la totalidad de los miembros de la Corte representa «una alteración del orden democrático porque socava la independencia del Poder Judicial que es un elemento del Estado democrático».

«Si generamos el precedente de destituir a los jueces por el contenido de sus sentencias, ¿por qué no se va a construir en el futuro el precedente de destituir a presidentes o vices por el contenido de sus políticas públicas?», preguntó, y señaló que hay un peligroso antecedente en Brasil con la destitución de Dilma Rousseff.

El diputado de Juntos por el Cambio opinó que los 12 pedidos de juicio político que impulsa el Frente de Todos «no pasan el test de admisibilidad» y son «una maniobra orquestada de manera muy torpe, rudimentaria y burda».

A su turno, el presidente del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, sostuvo que los jueces de la Corte Suprema «no han incurrido en delito o mal desempeño» alguno en los cargos que le imputan en los pedidos de juicio político, y al respecto opinó que el oficialismo le «declaró la guerra a la Constitución».

El cordobés aseguró que están en «presencia de la malversación del instituto constitucional del juicio político» y aseveró que «las causales son artificiales y dogmáticas» ya que «carecen de sustento real».

Para el radical, que es secretario en la comisión de Juicio Político, «este proceso es producto de 16 años de conflicto entre el kirchnerismo y el Poder Judicial y ahora se agudiza porque se conoció una sentencia condenatoria de la vicepresidenta» Cristina Kirchner.

«Nunca vi que se desoye con tanto barbarismo a alguien», dijo Negri sobre la actitud del oficialismo respecto a los fallos de la Corte Suprema.

Sobre la acusación del oficialismo por el fallo que resucitó la ley anulada en 2006 sobre el Consejo de la Magistratura para colocar a Rosatti como presidente de ese organismo, Negri rechazó que haya habido una «derogación» de aquella norma. «No es correcto sostener que es una ley derogada. Siempre estuvo vigente. Lo que hubo fueron reformas parciales. La ley sigue siendo la misma», argumentó el cordobés.

«En el Senado el oficialismo intentó usurpar una banca. Lo que hicieron fue dividir el bloque en dos y quedarse con 3 de los 4 miembros. No es cierto que la Corte avanzó sobre el Senado, solo impidió un acto de piratería política», afirmó el referente radical.

A continuación, Ana Gaillard le cedió la palabra a Leopoldo Moreau, quien pronunció un encendido discurso, contradiciendo a los diputados preopinantes que salieron a instalar que no se puede juzgar el contenido de las sentencias.

El radical kirchnerista recordó que cuando se debatió el mal desempeño de los jueces de la Corte de la llamada «mayoría automática» del menemismo, en un dictamen firmado por Elisa Carrió, la ex diputada nacional de la Coalición Cívica sostuvo que la Cámara debía «analizar sus sentencias, sus fundamentos y consecuencias».

«Se ha dicho que no se puede avanzar sobre contenido de las sentencias y esto lo contradice la historia», expresó, y señaló que «los jueces producen sentencias y los juzgamos por los resultados». Moreau destacó que «la Corte no tiene instancia de revisión salvo la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados», que debe activarse «cuando las sentencias se usan como instrumento espurio».

El diputado oficialista planteó que en el marco de esta investigación se encuentra el escándalo por «las sentencias negociadas por el presidente de la corte a través de su mano derecha», Silvio Robles, «con funcionarios del Gobierno de la Ciudad».

Al dirigirse a la oposición, preguntó «cómo la aplicación de un artículo de la Constitución, el 53, va a debilitar la democracia».

«Es exactamente lo contrario. El ejercicio de una facultad constitucional fortalece la democracia, sobre todo si esa democracia es amenazada por un poder del Estado que pretende ponerse por encima de los otros poderes y se subroga a los otros poderes, asume responsabilidades que no le son propias. Ese es el verdadero golpe de Estado», arremetió Moreau haciendo frente a las críticas opositoras sobre un supuesto avance sobre la democracia.

En otro orden, le contestó a Juan Manuel López, quien había expresado que era «una bajeza» de parte del oficialismo la convocatoria a representantes de organismos de Derechos Humanos para que sean parte del juicio político contra la Corte a raíz del fallo del 2×1 a genocidas de la última dictadura militar.

«Traer a este juicio político la causa del 2×1 no es bastardear los derechos humanos, es poner en el centro de la discusión el tema de los derechos humanos, porque ese peligro no se ha disipado si esta Corte sigue actuando de la manera que ha actuado», contestó Moreau.

Sobre la postura de la Coalición Cívica, observó críticamente que hace «esfuerzos dialécticos para separar el juicio político a (Ricardo) Lorenzetti del resto de los miembros de la Corte», y aseguró que él compartía muchos de los fundamentos de los cargos.

Tras Moreau, fue el turno de el diputado macrista Pablo Tonelli, quien insistió en que no se debe juzgar a los jueces por el contenido de sus sentencias, «porque no somos una cámara de revisión». «La única revisión posible la puede hacer la Corte Interamericana de Derechos Humanos», explicó el abogado.

«Si tuviéramos nosotros la atribución de juzgarlos por el contenido de la sentencia se acaba la independencia judicial. Los jueces ya no tendrían la libertad de decidir las causas según su leal interpretación de la ley sino que estarían pensando en cuál es el criterio del Gobierno de turno», advirtió el hombre del PRO.