La Cámara Federal instó hoy a que Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo sean sometidos a juicio oral y público como presuntos responsables del intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, ocurrido el primero de septiembre pasado en el barrio porteño de Recoleta.

La recomendación partió de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, los cuales rechazaron un planteo de prisión domiciliaria para Carrizo, quien es considerado como jefe del grupo denominado «Los Copitos», e instaron a la jueza María Eugenia Capuchetti a que el caso pase a instancia de juicio oral.

La causa por el intento de magnicidio ahora está delegada en la fiscalía de Carlos Rívolo. Los jueces Bertuzzi y Bruglia recomendaron que «frente a la situación de detención de los imputados y el estado de la investigación a su respecto, se proceda con la celeridad que el caso requiere a fin de avanzar en el estadio procesal».

«Más allá de que el plazo del proceso no parece excesivo para las distintas hipótesis de investigación que sugiere la querella – las que aún no han sido probadas siquiera con el grado de certeza que requiere esta etapa- lo cierto es que luce inadmisible que no se haya elevado a juicio el hecho principal cuando la investigación a su respecto se encuentra agotada y con sus imputados en detención preventiva», opinó Llorens con su voto.

«Al menos respecto de la situación procesal de Carrizo y sus consortes, entiendo que las actuaciones se encuentran en el tiempo óptimo para proceder conforme lo previsto por el art. 346 del C.P.P.N. para así lograr una pronta realización del juicio», añadió.

Enfatizó que «una justicia que tarda no es justicia; pero tampoco lo es una que se pronuncia mecánicamente, guiada por el impulso de ajustarse a un calendario. Es por ello que la razonable tramitación de las causas deben serlo en un tiempo óptimo».

Según la investigación, tanto Sabag Montiel como su novia venían planificando el atentado desde hace varios meses tal cual surge de sus conversaciones vía mensajería instantánea y hasta habían proyectado alquilar una propiedad cercana a la de la vicepresidenta para seguir todos sus movimientos.

De esta forma, los tres rechazaron el pedido de detención domiciliaria presentada por Carrizo con la defensa de Gastón Marano, y aludieron a «riesgos procesales» como ser el posible entorpecimiento de la investigación que por ahora tiene solo tres detenidos e imputados.

La vicepresidenta, querellante en el caso a través del abogado Juan Manuel Ubeira, considera que la jueza Capuchetti no investigó ni a los autores intelectuales detrás del ataque del 1 de septiembre, ni tampoco a quienes hicieron la pata financiera. 

Es que hay un testimonio aportado por un legislador del Frente de Todos que dice haber escuchado días antes del atentado al diputado de Cambiemos Gerardo Milman, hablar con dos asesoras donde hacía referencia a lo que iba a suceder y que para cuando eso ocurra, él no iba a estar en Buenos Aires.

Las dos asesoras que compartieron esa mesa con Milman declararon ante la jueza y negaron que eso fuera cierto pero la querella de la vicepresidenta insiste con más medidas de prueba como ser el análisis de los teléfonos del diputado y esas personas, entre otras. 

También apunta al financiamiento y en ese sentido reclama la Vicepresidenta que ésta causa tramite en conjunto con aquella que se investiga por amenazas a Revolución Federal, cuyos líderes estuvieron presos por distintos mensajes enviados hacia ella y el Presidente.

En ésta causa, en manos de otro jueza, la vicepresidenta asegura que aparece vinculado la familia del exministro macrista Nicolás Caputo, por algunos trabajos de carpintería que le encargó a Jhonatan Morel, líder de Revolución Federal, y que todo eso no es más que un camuflaje de un financiamiento encubierto a las actividades ilegales de dicha organización.