Una reunión clave en el inicio del proceso

El encuentro, que se llevó a cabo a puertas cerradas, estuvo encabezado por Guillermo Monzani (Hacemos Neuquén), quien fue elegido presidente de la comisión, y Francisco Lépore (Avanzar), designado secretario. También participaron figuras de peso como Gisselle Stillger (Arriba Neuquén), Gabriel Álamo (MPN), César Gass (UCR), Brenda Buchiniz (Cumplir-LLA) y otros referentes políticos. Sin embargo, hubo dos ausencias notables: los bloques del PTS-FIT y FIT-U decidieron no formar parte del proceso, argumentando razones políticas.

Desde el recinto, la tensión era palpable. Zulma Reina, vicepresidenta primera de la Legislatura, asumió formalmente la conducción del cuerpo legislativo en reemplazo de Ruiz. La funcionaria destacó que “se garantizará un procedimiento transparente y apegado a derecho”, mientras los legisladores comenzaban a delinear los pasos de la investigación.

El alcance de la comisión investigadora

La comisión tiene como objetivo principal analizar las pruebas vinculadas a las denuncias contra Ruiz y presentar un informe ante la Comisión A de Asuntos Constitucionales. Este documento será clave para definir si se declara la inhabilidad moral de la vicegobernadora, una figura constitucional que permite remover a un funcionario sin necesidad de juicio político.

En el desarrollo de su tarea, la comisión podrá solicitar informes a organismos oficiales, llamar a testigos y realizar entrevistas. Además, se garantizará el derecho a defensa de Ruiz, quien podrá presentar su descargo antes de la emisión del informe final.

El contexto político y las reacciones

El proceso contra Ruiz no ha estado exento de polémica. Durante la sesión en la que se votó su suspensión, el diputado Claudio Domínguez (MPN) sostuvo que “hacer la vista gorda ante actos de corrupción es una falta ética grave”. Este comentario generó un cruce directo con la vicegobernadora, quien lo interrumpió para afirmar que era víctima de una persecución política por parte del gobernador. Domínguez respondió señalando que la Legislatura ha recibido incrementos presupuestarios significativos bajo la actual administración, lo que, según él, desmiente cualquier intención de hostigamiento político.

Por su parte, otros legisladores como Marcelo Bermúdez (PRO) y Andrés Blanco (Frente de Izquierda) destacaron la necesidad de investigar a fondo. Bermúdez enfatizó que “nadie está por encima de la ley” y subrayó que la transparencia es fundamental para el buen funcionamiento de las instituciones.

El impacto del caso en la sociedad neuquina

La suspensión de Gloria Ruiz y la apertura de esta investigación han captado la atención de la opinión pública. Si bien la legislatura fue escenario de un procedimiento formal, en las calles y redes sociales se vive un intenso debate. Analistas políticos señalan que este proceso podría sentar un precedente importante para la política provincial, marcando un antes y un después en la forma de abordar casos de corrupción y falta ética en el ejercicio de funciones públicas.

La comisión tiene hasta 30 días hábiles para emitir su informe, lo que mantiene a la provincia en vilo. Una vez que el informe sea presentado, la Legislatura deberá convocar a una sesión especial para decidir, por mayoría calificada, si corresponde declarar la inhabilidad moral de Ruiz. De ser así, se consumaría su destitución como vicegobernadora y presidenta de la Cámara.

Mientras tanto, Gloria Ruiz continúa defendiendo su gestión y denunciando lo que considera “un ataque a la democracia”. Sin embargo, el clima político dentro y fuera del recinto sugiere que su posición es cada vez más frágil. Los próximos días serán cruciales para determinar si logra sortear este proceso o si su carrera política llega a un abrupto final.