El Congreso español sancionó hoy definitivamente un paquete de leyes impulsado por el Gobierno progresista que permite el libre cambio de identidad de género desde los 16 años, devuelve el derecho al aborto a chicas menores de 17 sin necesidad de permiso materno y paterno y establece la ausencia laboral por menstruación, que no tiene antecedentes en Europa.

La coalición de Gobierno que forman el partido socialista (PSOE) del presidente Pedro Sánchez y la agrupación de izquierda Podemos celebraron lo que describieron como un «día histórico de avances en derechos feministas», pero las fuerzas opositoras de extrema derecha y derecha, Vox y Partido Popular (PP), atacaron duramente las leyes.

«Hemos dado un paso gigante», dijo la ministra de Igualdad y rostro visible de la defensa de las leyes, Irene Montero, de Podemos, en el Congreso de los Diputados.

«Es un avance histórico», agregó.

Una de las leyes sancionada por la Cámara de Diputados abre la puerta a que cualquier persona a partir de los 16 años pueda cambiar su identidad de género en el DNI, mediante un sencillo procedimiento administrativo.

Gracias a la norma, conocida en España como «Ley Trans», ya no serán necesarios los requisitos exigidos hasta ahora: un informe médico que diagnostique disforia de género y una prueba de tratamiento hormonal por dos años.

El texto, aprobado por 191 votos a favor, 60 en contra y 91 abstenciones, extiende el derecho a los jóvenes de entre 14 y 16 años, si son acompañados por sus tutores legales, y a los de entre 12 y 14, si obtienen autorización judicial.

La ley era la iniciativa insignia de Podemos y había despertado no solo el esperado rechazo del PP y de Vox, sino también resistencias de parte del PSOE, el socio mayoritario -que más bancas tiene en el Parlamento- de la coalición gobernante.

El PSOE planteó importantes objeciones a la ley e incluso puso en duda la constitucionalidad de aspectos como el de los menores, hasta que perdió la pulseada con Podemos y acabó asumiendo el texto tal como salió.

La diputada del PSOE Carmen Calvo, exvicepresidenta del Gobierno, fue una de las 91 abstenciones.

«Muy poca gente confió en que esto fuera posible», dijo Montero, que habló de una ley aprobada «contra todo pronóstico».

La diputada del PP María Jesús Moro advirtió de los «problemas irreversibles» que, según ella, va a provocar la ley por la ausencia de «salvaguardas» como pasar por un médico, principalmente entre los menores de edad que den pasos para cambiar su aspecto físico y adecuarlo a su identidad de género autopercibida, y que luego se arrepientan.

España pasa a ser uno de los pocos países que autorizan la elección del género de forma sencilla, a imagen de Dinamarca, que fue el primero que concedió este derecho a las personas transgénero, en 2014.

El debate sobre la disforia de género, que es la falta de coincidencia entre el sexo biológico de una persona y el género con el que se identifica, ha cobrado fuerza en varios países en los últimos años, con el aumento de las solicitudes para cambiar de género, especialmente entre los menores.

Pero España da este paso en momentos en que varios países, que fueron pioneros en la materia, frenaron o retrocedieron en derechos ya conquistados por la población LGBTI+.

Suecia decidió hace un año frenar las terapias de hormonas para menores, alegando la necesidad de observar «precaución», algo que ya había hecho Finlandia dos años antes.

En Francia, la Academia de Medicina pidió «gran cautela médica» en el tratamiento de pacientes jóvenes.

Y en el Reino Unido, el Gobierno bloqueó en enero una ley similar a la española adoptada a finales de diciembre por el Parlamento de Escocia tras un acalorado debate.

Un sector del movimiento feminista consideró que el género no es algo que se elija y que la libre autodeterminación «borra» a las mujeres tras décadas de lucha por sus derechos.

«Es muy peligroso que los niños puedan cambiar sus cuerpos sin ninguna restricción», advirtió recientemente la relatora de la ONU sobre la violencia contra las mujeres, Reem Alsalem, en una entrevista con el diario español El Mundo.

La otra ley sancionada por las y los diputados españoles de manera definitiva es una amplia norma sobre derechos sexuales y reproductivos que reforma la ley del aborto y devuelve ese derecho a las adolescentes de 16 y 17 años sin necesidad de contar con permiso materno o paterno.

Además, la norma elimina los llamados tres días de reflexión, garantiza que se pueda llevar a cabo en hospitales públicos y blinda el aborto frente a protocolos antiabortistas como uno que propuso Vox en algunas regiones de España.

En total, la ley recibió 185 votos a favor, 154 en contra y tres abstenciones, informó la agencia de noticias Europa Press.

«Recuperamos el derecho que hurtaron a las mujeres jóvenes de 16 y 17 años a decidir sobre su propio cuerpo», dijo Montero, en alusión al PP, que en 2015, cuando gobernaba, había reformado la ley para que las chicas de esas edades tuvieran que contar con permiso de los adultos para interrumpir su embarazo.

«¡Aborto seguro y en la pública para no morir, anticonceptivos para no abortar y educación sexual integral para decidir, ser libres y ser felices! ¡Que viva la lucha de las mujeres!», dijo Montero, repitiendo una frase acuñada por el feminismo argentino.

El aborto se despenalizó en España en 1985 y luego se legalizó en 2010, pero sigue siendo un derecho plagado de obstáculos en este país tradicionalmente católico.

La diputada del PP Marta González criticó la ley y dijo que era «innecesaria, inoportuna e inesperada».

La legisladora de Vox Lourdes Méndez dijo que es «sadismo» que «se sancione con cárcel a quien mate una rata mientras se puede matar libremente a un niño en el seno de su madre».

La ley también contempla que las trabajadoras que sufren menstruaciones dolorosas puedan tomarse una «baja menstrual» (no asistir al empleo), una medida pionera en Europa para, según el Gobierno, romper tabúes.

España en el primer país de Europa y uno de los pocos del mundo en contemplar esta medida, a imitación de Japón, Indonesia y Zambia.

El texto de la ley afirma que «tendrá la consideración de situación especial de incapacidad temporal por contingencias comunes aquella baja laboral en que pueda encontrarse la mujer en caso de menstruación incapacitante secundaria o dismenorrea secundaria asociada a patologías tales como endometriosis».

La ley no especifica cuánto tiempo durará esta licencia por enfermedad.

La «baja menstrual» ha despertado reservas en la parte socialista del Gobierno y es criticada por el sindicato UGT (Unión General de Trabajadores), que dijo temer que los empresarios acaben frenando la contratación de mujeres.

La ley también prevé que se imparta más educación sexual en las escuelas y la distribución gratuita de anticonceptivos y productos de higiene menstrual en los institutos.

España es un país considerado referencia en cuanto a los derechos de la mujer en Europa, especialmente desde la aprobación de una ley sobre violencia de género en 2004.

El Gobierno de Sánchez se declara feminista y cuenta con más mujeres que hombres en su gabinete.