Los dos principales imputados por la estafa con planes sociales en Neuquén, Ricardo Soiza y Marcos Ariel Osuna continuarán en prisión preventiva otros seis meses. La decisión fue resuelta por la jueza de Garantías, Carina Álvarez. La extensión fue solicitada por la fiscalía tras considerar que los riesgos procesales que los llevaron a permanecer detenidos “siguen vigentes”.

El fiscal Pablo Vignaroli fundamentó el pedido para ambos acusados ante el vencimiento de la prisión preventiva en ambos casos. Pese a la oposición de las defensas, que solicitaron que la detención pasara al régimen domiciliario, la jueza de garantías se inclinó por el planteo realizado por el Ministerio Público Fiscal, con la adhesión de la fiscalía de Estado.

En la teoría del caso, la fiscalía alcanza a un grupo de exfuncionarios, empleados y empleadas del Poder Ejecutivo, a quienes les imputa haber integrado una asociación ilícita dedicada a cometer estafas con la administración y el cobro de planes sociales con cheques y tarjetas de debido.

Además de quienes están señalados al frente de la asociación ilícita, hay otros 26 imputados e imputadas, entre particulares; empleados y empleadas del Ministerio de Desarrollo Social y de la Contaduría General del Ministerio de Hacienda, con distintos niveles de participación en la maniobra.