El fiscal jefe Pablo Vignaroli le formuló cargos a M.A.L, por hacerse pasar por abogado y estafar por $16.405.000 a familiares de dos condenados, bajo la promesa de sacarlos de la cárcel.

Durante la audiencia realizada ayer, el representante el Ministerio Público Fiscal asistido por el agente Abelardo Sepúlveda, le atribuyeron al imputado haber cometido las estafas entre junio y agosto pasado, al haberse presentado como abogado frente a la víctima y haberle cobrado por sus servicios.

“Concretamente, la víctima, domiciliada en El Huecú y con motivo de tener detenidos a dos hermanos, tomó contacto y contrató los servicios del acusado, quién dijo ser abogado” explicó Vignaroli ante el juez de garantías Raúl Aufran.

El supuesto abogado se reunió con las dos personas condenadas y se atribuyó el carácter de abogado. Les ofreció una defensa que prometía obtener su libertad para la cual les cobraba la suma de $4 millones.

“La defensa les cobraba la suma de $4 millones más los gastos de cada una de las presentaciones judiciales que debía realizar, cobrándoles en dicha oportunidad la suma de $1 millón, monto que la víctima y su hijo procedieron a abonarle en efectivo” describió el fiscal jefe la maniobra de la estafa.

El fiscal jefe Pablo Vignaroli, asistido por el agente Abelardo Sepúlveda, formuló cargos a una persona por hacerse pasar por abogado y estafar en $16.405.000 a familiares de dos condenados, bajo la promesa de sacarlos de la cárcel.

De acuerdo con la teoría del caso de la fiscalía, este accionar se repitió en sucesivos pedidos de dinero durante los meses de junio y julio hasta totalizar los más de $16 millones. Además de maniobras para que los familiares de las personas detenidas se endeudaran para poder afrontar los pagos al supuesto abogado.

 En agosto, el último engaño se basó en asegurarle a las víctimas que había realizado una demanda contra los antiguos abogados de los detenidos y que en el corto plazo cobrarían un resarcimiento por $88 millones, lo que les permitiría afrontar las deudas contraídas.

La simulación llegó a tal nivel que incluyó un llamado telefónico de parte de un falso fiscal, quien los alentó a tomar nuevos préstamos para afrontar los supuestos gastos que requería la libertad “con tobillera electrónica” de los detenidos.

Las estafas finalizaron cuando una persona con la que las víctimas se habían endeudado les advirtió que M.A.L no era abogado.

 Vignaroli encuadró los hechos como estafa genérica, en concurso ideal usurpación de título, en carácter de autor (artículos 247; 172 y 45 del Código Penal).

 Tras presentar los distintos informes que certifican que el imputado no es abogado, el fiscal jefe explicó que restan tres medidas  de investigación: la apertura de dispositivos electrónicos secuestrados al imputado; un informe contable; y un informe encomendado al departamento de Delitos Económicos de la Policía sobre cámaras de seguridad.

El fiscal Vignaroli solicitó un plazo de investigación de 4 meses, el juez de garantías escuchó las partes y sin oposición de la defensa,  tuvo por formulados los cargos y fijó el plazo de investigación solicitado.