Este proceso fue iniciado tras detectarse irregularidades durante su gestión como presidenta de la Cámara de Diputados, lo que derivó en su suspensión por 30 días. Ruiz solicitó una prórroga de tres días para preparar su defensa, alegando que presentaría pruebas “punto por punto” para refutar las acusaciones en su contra.

En su defensa, Ruiz ingresó con su abogado, Carlos Broitman, y cuatro cajas de documentación, lo que generó un debate sobre si era pertinente analizarla en ese momento. Novoa aclaró que “esto no es un tribunal, sino una instancia para escuchar su descargo”, limitando la discusión a los aspectos previamente planteados.

Las acusaciones contra Ruiz incluyen uso indebido de fondos públicos, contrataciones directas irregulares y sobreprecios, y obstrucción al control externo mediante la negativa a permitir auditorías del Tribunal de Cuentas. Entre las irregularidades destacadas, la comisión investigadora señaló transferencias de dinero público a cuentas personales de funcionarios cercanos a Ruiz, así como pagos de servicios de imagen con fines personales. Además, se detectaron contrataciones directas irregulares con precios muy superiores a los valores de mercado y una falsedad en las declaraciones patrimoniales.

El informe concluye que las acciones de Ruiz “comprometen la integridad del sistema administrativo de la Honorable Legislatura del Neuquén y la confianza pública en las instituciones”. Estas acusaciones también señalan la relación de su gestión con su hermano, Pablo Ruiz, quien habría recibido beneficios económicos indebidos.

Durante la sesión, surgieron tensiones respecto a la presentación de documentación adicional. Ruiz argumentó que los elementos probatorios eran fundamentales para desmontar lo que calificó como una persecución política, mientras que desde la comisión se mantuvo la postura de limitar la sesión al descargo verbal.

El caso también ha generado una crisis política en Neuquén, con la vicegobernadora acusando al proceso de ser un “golpe de Estado” institucional. A pesar de estas afirmaciones, desde la Legislatura se avanzó en el análisis de las pruebas presentadas por la comisión investigadora.

El proceso continuará con una votación dentro de la comisión A, donde los legisladores decidirán si elevan el despacho a una sesión especial. En dicha instancia, se requerirá una mayoría de dos tercios para declarar la “inhabilidad moral” de Ruiz y determinar su destitución del cargo. Mientras tanto, la defensa de Ruiz asegura que continuará presentando pruebas y llamando testigos en su favor.

Las próximas jornadas serán clave para definir el futuro político de Ruiz, en un caso que ha polarizado a la opinión pública y que pone bajo la lupa la transparencia y administración de los recursos públicos en la provincia de Neuquén.