El fuego se originó en la planta de INDARSA, ubicada cerca de la Ruta 17, sobre el acceso al yacimiento de Loma Campana. Según reportes, una explosión en las instalaciones precedió la conflagración. El incendio, que alcanzó grandes alturas, involucró residuos petroleros que se almacenan en enormes piletas de tratamiento. Afortunadamente, no hubo personas heridas, pero las llamas continuaron activas durante varias horas, requiriendo la intervención de brigadas de YPF y bomberos voluntarios de localidades cercanas.

Este evento pone de manifiesto los riesgos inherentes a la localización de las plantas de tratamiento de residuos dentro del ejido urbano de Añelo. Cartografía reciente muestra que las plantas de tratamiento, como INDARSA y TREATER, se encuentran a menos de 5 kilómetros del límite del ejido municipal, lo que pone en cuestión el cumplimiento de las normativas vigentes que buscan proteger a las comunidades cercanas. Este tipo de instalaciones, que almacenan y procesan residuos derivados del fracking, deberían estar alejadas de zonas habitadas, según el decreto 2263/15, que establece una distancia mínima de 8 kilómetros.

Desde el Observatorio de Sismicidad Inducida, se ha señalado la irregularidad de la localización de estas plantas, pues están situadas en zonas donde el crecimiento urbano de Añelo está siendo restringido. En diálogo con la redacción de Noticias 7, Javier Grosso, geógrafo y docente de la UNCO, integrante del observatorio, destacó que la falta de planificación urbana y la obsolescencia de la normativa estatal son factores clave en este problema. “La normativa ha quedado desfasada y ya no responde a las necesidades reales de la población”, explicó Grosso.

El incendio de INDARSA ocurrió a tan solo 4 kilómetros de los barrios más cercanos de Añelo, y a 7 kilómetros del colegio EPET 23, lo que resalta la proximidad de estas instalaciones peligrosas a áreas habitadas. En este sentido, Grosso advirtió sobre la falta de previsión y la inadecuada regulación en la gestión de residuos generados por la industria del fracking. “Estas plantas deberían estar ubicadas fuera del ejido urbano, pero la normativa actual permite su cercanía, lo que pone en riesgo a la población”, aseguró.

Además de los peligros inmediatos, como el incendio en INDARSA, el geógrafo enfatizó la falta de actualización de las regulaciones que deberían garantizar la seguridad ambiental y la protección de la salud. La normativa de 2015, que regula las distancias mínimas para las plantas de tratamiento y disposición final de residuos, no solo está desactualizada, sino que también no se está cumpliendo a cabalidad. “Es urgente revisar y actualizar las leyes, porque estamos ante un proceso industrial que continúa avanzando, pero sin las suficientes salvaguardias para la población”, sostuvo Grosso.

El riesgo de contaminación ambiental y daños a la salud de la población se ve incrementado por la cercanía de estas plantas a áreas residenciales. En el caso de Añelo, el crecimiento urbano está comprometido por la expansión de áreas industriales y de extracción, lo que limita el desarrollo de la localidad. La falta de planificación urbana para una región que se pretendía convertir en el “Dubai argentino” es uno de los puntos clave en la crítica de los expertos.

El fracking y sus efectos ambientales continúan siendo un tema de debate. Aunque la actividad petrolera en la región de Vaca Muerta se proyecta por al menos 30 años, los daños colaterales derivados de la extracción de hidrocarburos no convencionales, como el incendio en Añelo, ponen en evidencia la necesidad urgente de reformular las regulaciones y mejorar los controles en la industria. Grosso concluyó: “No hay fracking limpio, no existe fracking verde. El daño colateral es inevitable, y lo que se debe hacer es minimizarlo lo máximo posible.”