Sin la comparecencia de ex funcionarios de alto rango del Gobierno de Cambiemos que fueron citados como testigos, la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados volverá a citarlos y en el caso particular del ex jefe de asesores y actual senador del PRO José Torello se advirtió que si vuelve a ausentarse se le requerirá a la presidencia de la Cámara alta que «tome las sanciones disciplinarias que correspondan».

El octavo encuentro de la comisión que preside Carolina Gaillard (Frente de Todos) tiene como finalidad indagar sobre los hechos que para el oficialismo configuran mal desempeño de los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz por el «fallo Muiña» que avaló el cómputo del 2×1 para represores de la última dictadura militar.

Para esta audiencia testimonial estaban convocados no sólo Torello sino además el ex ministro de Justicia Germán Garavano, el ex consejero y operador judicial macrista Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, y el ex secretario de Justicia, Santiago Otamendi, pero ninguno de ellos se presentó a declarar en medio de las sospechas que pesan sobre ellos por haber supuestamente negociado el «arreglo del fallo Muiña» en 2017.

Según la denuncia que se está investigado, los funcionarios de la cartera de Justicia del Gobierno de Mauricio Macri habrían negociado no apelar el «fallo Schiffrin» que avaló la continuidad de la jueza Elena Highton de Nolasco más allá de los 75 años (recién presentó su renuncia el 30 de septiembre de 2021, cuando estaba por cumplir 79 años) a cambio de conseguir el voto clave de la magistrada en el fallo dividido que terminó 3 a 2 a favor de los genocidas.

El «fallo Muiña», que se basó en la ley 24.390 que estaba vigente desde 1994, fue retrotraído casi de forma inmediata. Highton de Nolasco cambió su voto y además el Congreso nacional modificó la ley para frenar las consecuencias del fallo de la Corte al agregar que el beneficio del 2×1 «no es aplicable a conductas delictivas que se encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad».

Tampoco se presentó a declarar el abogado Marcelo Mazzeo, quien ya había faltado a la audiencia testimonial de la semana pasada pese a no tener ningún fuero que lo habilite.

Sí está presente para declarar como testigo en la Sala 1 del anexo de la Cámara baja el subprocurador del Tesoro, Horacio Diez, encargado de llevar adelante los juicios del Estado; y Gladys Cuervo y Zulma Chester, víctimas de la represión en el Hospital Posadas durante la última dictadura militar.

Justamente Luis Muiña, fallecido en 2021, lideró esos operativos de tortura, asesinato y desaparición de trabajadores del hospital. También están citados como testigos Federico Morgenstern y José Sebastián Elías, de la vocalía de Carlos Rosenkrantz, quien junto a Rosatti votó a favor del 2×1 a los represores en dos oportunidades.

LA ADVERTENCIA A TORELLO

En su misiva a Moreau, Torello justificó su ausencia amparándose en los fueros que tiene como senador nacional y señaló que “la Cámara de Diputados carece de competencia» para citarlo a ser interrogado.

Además argumentó: «Al pretender colocarme en situación de testigo de cargo me inhabilita para una eventual función de juzgador de las situaciones objeto de análisis, llegado el caso que el Honorable Senado de la Nación se constituyera en tribunal conforme lo dispone el artículo 53 de la Constitución Nacional”.

Tras leer el descargo del senador del PRO, Gaillard aclaró que el hecho de que «él sea llamado como testigo para aportar a la causa, no inhabilita que después pueda ser parte» del juicio político en el Senado, en caso de que se constituya como tribunal de acusación.

La entrerriana explicó que Torello «tiene la obligación de comparecer porque ha sido citado como testigo, no como imputado en ninguna causa».

Aclaró que «los fueros le dan inmunidad al senador de arresto, de proceso y de opinión» pero no lo eximen de la obligación de presentarse a declarar como testigo de acuerdo al Código Civil.

A su vez, Gaillard argumentó que los hechos por los cuales es citado como testigo son «anteriores a que el ejerza o asuma su rol como legislador».

En ese sentido, anunció que se lo volverá a convocar y advirtió que «si volviera a incomparecer se le va a elevar las correspondientes actuaciones a la autoridad disciplinaria correspondiente, en este caso a la presidencia del Senado, para que tome las sanciones disciplinarias que correspondan por esta incomparecencia».

La titular de la comisión enfatizó además que Torello «no ha manifestado ni voluntad de declarar por escrito».

A continuación, intervino el jefe del bloque Coalición Cívica y vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López, quien defendió la postura de Torello de escudarse en sus fueros para no testificar en el juicio político.

«El senador no debería declarar y que, en caso de que lo haga, que sea por escrito», afirmó.

Además acompañó la decisión del senador porque «él va a ser juez eventualmente si este proceso prosperara», en tanto que opinó que se está involucrando en el caso a Torello para que «haya un senador menos y para que puedan recusar a un senador a la hora de decidir sobre la suerte de los jueces de la Corte».

Por otra parte, López refutó la denuncia oficialista de que un sector del Gobierno de Mauricio Macri encabezado por Garavano haya estado detrás del fallo del 2×1.

A su turno, el jefe de la bancada del Frente de Todos, Germán Martínez, cuestionó el argumento que esgrimió Torello para negarse a comparecer como testigo.

«Lo que expresa respecto de la cuestión específica de la situación que se puede dar de qué pasa si viene a testimoniar acá y después le toca desempeñarse como juez, es un disparate», aseveró el santafesino.

Por su lado, el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade anticipó que pedirá la «dispensa de la inmunidad» de Torello, esto es, una suspensión momentánea de la inmunidad funcional.