El posible juicio político contra la vicegobernadora de Neuquén, Gloria Ruiz, ha generado un intenso debate en la Legislatura tras los allanamientos en la vivienda de su hermano y en la sede legislativa. En los operativos, solicitados por la Fiscalía de Delitos Económicos, se secuestraron documentos que vincularían a Ruiz y su entorno familiar con presuntos casos de malversación de fondos públicos.
El diputado Gabriel Álamo, presidente del bloque del Movimiento Popular Neuquino (MPN), calificó en declaraciones a Radio 7 la situación como “institucionalmente grave” y enfatizó que la Legislatura debe poner en marcha los mecanismos necesarios para esclarecer los hechos. “Somos respetuosos de la justicia, pero no descartamos avanzar en un juicio político si las pruebas lo ameritan”, afirmó.
Por su parte, Guillermo Monzani, de Hacemos Neuquén, destacó la sorpresa que causaron los procedimientos realizados. “Esto no es un hecho menor. Estamos hablando de un allanamiento en uno de los poderes del Estado. La gravedad institucional es evidente, y debemos actuar con firmeza en caso de confirmarse las irregularidades”, sostuvo.
La posible implicancia de Ruiz en actos de corrupción ha sacudido al ámbito político provincial. Ernesto Novoa, representante de Comunidad, lamentó el impacto negativo de esta noticia: “Este tipo de hechos nos hace retroceder en la confianza que buscamos construir con los neuquinos. En un gobierno que busca la transparencia, esto nos golpea profundamente”.
Durante las últimas horas, los legisladores se reunieron con el jefe de Gabinete para evaluar los pasos a seguir y reafirmar la política de tolerancia cero hacia la corrupción. Álamo señaló que el gobernador ha sido enfático en este aspecto desde el inicio de su gestión: “No hay margen para actos de corrupción en este gobierno”.
El caso ha abierto múltiples escenarios, desde la eventual renuncia de Ruiz hasta un posible juicio político. Según Monzani, “todo depende del avance de las investigaciones judiciales y los informes que solicitaremos desde la Legislatura”. Los diputados destacaron la necesidad de manejar los tiempos con cautela, pero sin perder el enfoque en la gravedad de las acusaciones.
El allanamiento incluyó la incautación de documentación de la Legislatura, lo que refuerza las sospechas sobre el presunto uso indebido de fondos públicos. Además, se informó que Ruiz podría haber facilitado maniobras irregulares en favor de familiares cercanos, un hecho que agrava su situación jurídica y política.
Novoa fue contundente al señalar que la política debe trabajar para recuperar la confianza ciudadana. “Hay una distancia abismal entre la gente y la política, y casos como este solo profundizan esa brecha. Debemos actuar con celeridad y transparencia”, afirmó.
El impacto institucional de este caso trasciende la figura de la vicegobernadora, poniendo en el centro del debate la ética en el manejo de los recursos públicos. Los diputados coincidieron en la necesidad de que la justicia actúe sin interferencias políticas y de que la Legislatura cumpla con su rol de garante de la transparencia.
A pesar de la conmoción que generó la noticia, los legisladores evitaron adelantar conclusiones. “Es fundamental respetar el proceso judicial y actuar con responsabilidad en el ámbito legislativo”, remarcó Monzani.
En las próximas semanas, la Legislatura podría convocar a una sesión extraordinaria para analizar los informes judiciales y decidir si se avanza en el juicio político. Mientras tanto, Ruiz se mantiene en silencio sobre las acusaciones, mientras crece la presión por una respuesta oficial.
El caso marcará un precedente en la política neuquina, subrayaron los diputados, quienes reiteraron su compromiso de actuar con transparencia y firmeza en defensa de las instituciones.
